El Colectivo Madres Migrantes Maltratadas quiere hacer público una serie de situaciones que se vienen presentando contra ellas a partir de la llegada de miles de ciudadanos venezolanos al Perú.
Desde hace poco más de un año, más de un millón de ciudadanos venezolanos han salido de su país, refugiándose la mayoría en los países de la región, entre ellos Perú, donde gozan de un estatus especial como inmigrantes que no tienen otras nacionalidades que han sido víctimas de estigmatización y expulsión por parte de las autoridades (colombianos, haitianos).
El Colectivo Madres Migrantes Maltratadas se formó durante el gobierno anterior para defender a las mujeres de diferentes nacionalidades, especialmente madres con parejas e hijos peruanos, víctimas de violencia familiar en muchos casos y en grave estado de vulnerabilidad, que se agudizaba por una legislación migratoria obsoleta, discriminatoria e inhumana, que terminaba separando familias y dejando en la indefensión a los menores. Las denuncias y acciones lograron visibilizar nuestro drama ante un Estado indolente, incorporándose algunos avances y reconocimientos, todavía limitados, en las dos nuevas leyes y otras normas de extranjería dictadas en los últimos años.
En ese sentido, a inicios del 2017 la Superintendencia Nacional de Migraciones lanza el Permiso de Temporal de Permanencia (PTP) para “solucionar la problemática de miles de padres y madres de niños peruanos que no podían acceder a su residencia en Perú, porque la Ley de ese momento no permitía la residencia a extranjeros por hijos menores de edad”. El PTP, cuya vigencia es de un año, se extiende también a todos los ciudadanos venezolanos recién llegados al país, y pronto parecen dejar de lado lo primero para solo centrarse en los segundos.
Para poder acceder al PTP se requiere el certificado de INTERPOL de no tener antecedentes policiales, y para hacer el cambio de residencia un año después se exige nuevamente gestionar ese documento en INTERPOL; pero ese requisito es solo para padres y madres de niños peruanos, mientras que a los ciudadanos venezolanos sola basta una declaración personal, sin necesidad de reiterar el trámite.
Además de esta clara discriminación, en INTERPOL se prioriza la atención a los ciudadanos venezolanos que sacan por primera vez su PTP, dejando de lado a los de otras nacionalidades, aun cuando en algunos casos hayan venido de provincia y no tengan recursos para mantenerse en Lima. Como ha sucedido con dos miembros de nuestro grupo, que después de estar desde tempranas horas y toda la mañana en una fila, a la 1 de la tarde dijeron que los cupos restantes eran solo para ciudadanos venezolanos. El resultado es que al no poder realizar sus gestiones, quedan sin documentos y con el riesgo de ser expulsadas del país, no obstante tener familia en el país de larga data.
No negamos que frente a gestiones anteriores, en la actual hay un intento de las autoridades por atender nuestros casos, aunque de manera personal y puntual, a través de la Oficina de Atención a Poblaciones Vulnerables, la misma que sin embargo no forma parte todavía del organigrama oficial de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y por ende podría ser desactivada por cualquier autoridad xenófoba en el futuro. Por eso urge que estas acciones y otras más se institucionalicen para no seguir dependiendo de la buena voluntad de las personas, cuya estabilidad en el puesto nadie asegura.
Una de las funciones de esta oficina es viabilizar y gestionar los trámites de residencia de los más vulnerables, y que no pueden cumplir con los requisitos que exigen los procedimientos. Muchos de ellos no tienen en cuenta la realidad de la violencia de género que azota a nuestro país, con alto número de feminicidios y violaciones, que ponen en peligro la integridad de las mujeres y niños; flagelo que también sufren las mujeres extranjeras. Es el caso del requisito de contar con una dirección de domicilio conocida, donde resida efectivamente la solicitante, que no se condice con la situación de muchas mujeres que son amenazadas por sus parejas peruanas y temiendo por su integridad y la de sus hijos, se han visto obligadas a mudarse una y otra vez, huyendo de su agresor, y algunas han estado en albergues escondidas, Sin embargo, hace poco a una de las integrantes de nuestro Colectivo recibió una notificación de las autoridades, avisando que estaría en falta por este motivo.
El problema de fondo es que a pesar de toda la evidencia denunciada y los cambios legales efectuados, sigue predominando en la legislación migratoria y para acceder a la nacionalidad peruana un criterio machista que supedita la posibilidad de residencia de la extranjera a su vínculo marital con un peruano, aun cuando esa persona abuse y maltrate a sus pareja e hijos, y no por su condición de madre de peruano, y víctima de violencia familiar, que con mucho esfuerzo y luchando incluso contra las leyes discriminatorias, sacan adelante a sus vástagos.
Por último queremos dejar en claro que no tenemos nada contra la presencia de los hermanos venezolanos en el Perú, sino todo lo contrario, porque como migrantes sabemos de sus dificultades y padecimientos, y lo difícil que es asimilarte a una sociedad con muchos prejuicios, donde predomina el racismo y el machismo. En nuestro Colectivo hubieron ciudadanas venezolanas antes de toda la diáspora, que vivieron similares situaciones de abuso y abandono de sus parejas peruanas que las de otras nacionalidades. Pero lo que si demandamos es que las políticas migratorias del Estado sean iguales para todos, y que por querer apoyar a algunos, por motivos políticos, sociales, económicos, o humanitarios, no signifique dejar de lado a los demás, empezando por las madres de peruanos, tan o más vulnerables que los otros.
