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Ciudadanos del Cusco presentan demanda de amparo contra irregular venta de entradas a la ciudadela de Machu Picchu
En el escrito se solicita la nulidad de la adjudicación directa a través de la orden de servicio Nº 03480-202-S y su Adenda 01 a favor de Joinnus.
Ante el atropello que se viene realizando por parte del propio Gobierno, por intermedio del Ministerio de Cultura (Mincul), contra los comerciantes y emprendedores de Machu Picchu pueblo al otorgarle a una empresa la venta de entradas a una de las siete maravillas modernas del mundo, a pesar de que existe un informe de la Contraloría respecto a presuntas irregularidades.
Tal como este medio lo informó hace cuatro semanas, el informe de Contraloría Nº 003-2024-OCI/5785-SCC se precisan las deficiencias que tendría la plataforma de ventas virtuales de la empresa Joinnus.
En la página número 11 del informe de Contraloría se enumera las situaciones adversas cometidas por la empresa Joinnus de Credicorp. En el primer punto del detallado informe se lee: “El proveedor (Joinnus) habilitó la plataforma tecnológica virtual deficiencias e incongruencias en su funcionamiento; situación que vendría afectando el proceso de la venta de boletos, el control de acceso a los visitantes nacionales y extranjeros, así como los cierres de cajas al finalizar el período de venta”.
Ya semanas atrás la propia comunidad de Machu Picchu ha expresado su descontento por la designación de una empresa del grupo Credicorp, pues se verían afectados directamente sus ingresos ante la poca permanencia de los turistas extranjeros.
Ante ello, los ciudadanos Alfredo Cornejo Paredes y Juan Roberto Rivera Escobar presentaron una demanda de amparo ante el 5toº Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, contra la ministra de Cultura Leslie Urteaga, solicitando en su escrito la “Nulidad de la adjudicación directa a través de la orden de servicios Nº 03480-202-S y su Adenda 01; así como la nulidad de la Resolución Ministerial Nº 000528-202-MC”, precisando que se estarían vulnerando los siguientes derechos: derecho a la libertad de empresa, derecho a la igualdad ante la ley, derecho al trabajo, derecho a la identidad cultural como ciudadanos peruanos y cusqueños.
En la parte final de la demanda admitida se señala que ese juzgado cuenta con 10 días hábiles para su pronunciamiento.
Como se recuerda, el conflicto surgió a raíz de cuestionamientos sobre el proceso mediante el cual Joinnus obtuvo los derechos para operar dentro del marco turístico de Machu Picchu. Residentes y ciudadanos expresaron preocupaciones respecto a la preservación de la integridad cultural y la autonomía del patrimonio, argumentando que la inclusión de operadores privados podría desvirtuar el valor histórico del lugar.
