Chinchero le cuesta al Perú US$91 millones ¿y aún hablan de candidaturas?

Solo en el Perú puede darse este espectáculo chocante: Fiorella Molinelli, expresidenta de EsSalud y hoy precandidata presidencial por el partido ‘Fuerza Moderna’ —ya inscrito en el JNE—, ha comenzado a dar visos de su campaña política con total desenfado. A la par, el expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado por el Congreso y excluido del padrón de su propio partido, ‘Perú Primero’, sigue recorriendo medios, plazas y encuestas como si nada. Hasta se permite celebrar los recientes —y dudosos— sondeos que lo colocan a la cabeza de la intención de voto. ¿Hasta cuándo seguiremos normalizando la desvergüenza?

Ambos personajes, lejos de rendir cuentas por sus decisiones cuestionadas, se reposicionan políticamente como si su paso por el poder no hubiera dejado huella alguna. Pero la realidad es otra: ha surgido una huella millonaria. Gracias a sus oficios —y omisiones—, el Perú deberá pagar 91 millones de dólares al consorcio ‘Kuntur Wasi’, por el fallido contrato del aeropuerto de Chinchero.

Hace un mes, el Tribunal de Quiebras del Distrito de Columbia (EE.UU.) declaró en rebeldía al Estado peruano por no responder a tiempo una demanda internacional. El consorcio ‘Kuntur Wasi’ ya quedó habilitado para ejecutar medidas coercitivas sobre activos del Estado en territorio estadounidense. Una vergüenza jurídica y diplomática.

Perú pagará $91 millones de dólares a ‘Kuntur Wasi’

Claro, tanto Molinelli como Vizcarra intentarán lavarse las manos. Dirán que no fue su culpa, que la anulación del contrato fue decisión del exministro de Transportes Bruno Giuffra. Pero esa es solo media verdad. Porque si ellos no hubieran firmado la adenda cuestionada que alteró sustancialmente las condiciones del contrato original—trasladando el riesgo económico al Estado peruano—, no habría existido un litigio internacional ni sanción del CIADI. La única raíz del problema está ahí, en esa decisión política que hoy cuesta 91 millones de dólares a todos los peruanos.

La historia es clara. El 3 de febrero de 2017, bajo el mandato del hoy expresidente—procesado por corrupción—Pedro Pablo Kuczynski, y a órdenes del entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra, la viceministra Fiorella Molinelli estampó su firma en una adenda hecha a medida del concesionario. La Contraloría no tardó en denunciar que el documento no se ajustaba al marco de Asociaciones Público-Privadas (APP), pues hacía que el Estado asumiera el financiamiento del proyecto, exonerando de obligaciones al consorcio ‘Kuntur Wasi’, perteneciente a los ‘amigos’ de PKK.

Por eso, en 2019, la Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra Molinelli por el presunto delito de colusión agravada. También se incluyó a otros funcionarios y representantes del consorcio. La sombra de la presunta ilegalidad sigue vigente, pero no parece pesarles. Ni a ella, ni a Vizcarra, ni a quienes hoy los acompañan.

Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿Dónde queda la ética en la política peruana? ¿Basta con no tener ‘sentencia firme’ para lanzarse a una elección? ¿Seguiremos degradando el principio de ‘presunción de inocencia’ hasta volverlo un salvavidas para el cinismo?

El país necesita liderazgos nuevos, pero también necesita memoria. Porque mientras olvidamos, ellos regresan. Y con ellos, los mismos errores —ahora más caros que nunca.