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Chica reality incita a las Fuerzas Armadas a “poner orden” y Ministerio de Defensa le responde a través de un comunicado
Alejandra Baigorria hace llamado a la conspiración para sedición.
Hoy diversos grupos afines al fujimorismo se movilizarán por la capital haciendo ejercicio de su derecho de protesta, sin embargo mezclar eso con la activa participación de efectivos militares resulta atentatorio contra la seguridad nacional, debido a que la empresaria y modelo Alejandra Baigorria realizara una invitación a las Fuerzas Armadas (F.F.A.A.) a ser partícipes de las marchas en contra de un presunto fraude electoral.
En respuesta a esa pronunciación, el Ministerio de Defensa, esclareciendo ese asunto, ha emitido un comunicado recordando a la ciudadanía que las F.F.A.A. no pueden inmiscuirse en asuntos netamente electorales, recordando que ellos actúan solamente para garantizar el libre ejercicio del derecho de sufragio, proteger a los funcionarios electorales, así como custodiar el material electoral.
Es importante mencionar que para hoy se viene organizando una marcha a realizarse a las 3 de la tarde y cuya congregación será en el Campo de Marte, organizado por grupos simpatizantes al fujimorismo. Esto originará que se suspenda la vacunación de los adultos mayores programada para hoy.
Sobre el delito de sedición
El artículo 347 del código penal describe al delito de sedición de la siguiente manera: “El que, sin desconocer al Gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”.
En este sentido, se entiende que la sedición sucede cuando las personas, haciendo uso de armas, se alzan para impedir que una autoridad cumpla su trabajo o evita que se cumplan leyes o resoluciones.
Como menciona el artículo, todo aquel que lleve a cabo este delito “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”.