Por : Jorge Paredes Terry
El enfrentamiento entre el legislador José Luna Gálvez y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha trascendido una simple disputa política para convertirse en un revelador ajuste de cuentas que expone la hipocresía y las falsedades de un discurso público cuidadosamente construido. La denuncia de Pepe Luna, lejos de ser una simple acusación, se presenta como una fiscalización exhaustiva y estratégicamente ejecutada que desmonta la fachada de lucha anticorrupción que López Aliaga ha intentado proyectar.
La contundencia de la acusación de Luna reside en la presentación del Acta N.º 026 de 2009, una prueba irrefutable del apoyo de López Aliaga a la concesión de peajes a la empresa brasileña OAS. Esta evidencia contradice frontalmente el discurso actual del alcalde, quien se presenta como un férreo opositor a estos contratos, calificándolos de corruptos. La admisión de López Aliaga, aunque sorprendente en su franqueza, no hace sino confirmar la gravedad de la situación: no solo apoyó la concesión de peajes a OAS, sino que lo hizo consciente de las implicaciones y, según sus propias palabras, considerando la propuesta «interesante»
Esta declaración, lejos de ser una justificación, se convierte en una confesión de su participación en un sistema que él mismo ahora critica.
La estrategia de Luna no se limita a la simple presentación de evidencia. Se trata de una operación de fiscalización que revela un patrón de mentiras y contradicciones en el discurso de López Aliaga, demostrando su falta de compromiso con la lucha contra la corrupción que tanto pregona. Luna, actuando como un astuto estratega político, ha logrado desentrañar la farsa, exponiendo la hipocresía de un político que se aprovecha de la indignación ciudadana para impulsar su propia agenda, mientras su pasado demuestra una complicidad activa con las prácticas corruptas que denuncia. La denuncia no solo expone la participación de López Aliaga en la concesión de peajes a OAS, sino que cuestiona la legitimidad de su discurso público y su compromiso con la transparencia en la gestión pública. Su papel como fiscalizador se refuerza al destapar las mentiras de un político que se ha beneficiado del sistema que ahora pretende combatir. Este enfrentamiento no es solo una batalla política, sino una lucha por la verdad y la transparencia en la gestión pública peruana.
Repercusiones
Las repercusiones políticas de la controversia entre José Luna Gálvez y Rafael López Aliaga podrían ser significativas, especialmente considerando la cercanía de futuras elecciones y el impacto de la opinión pública. La admisión de López Aliaga sobre su apoyo a la concesión de peajes a OAS en 2009 podría afectar su imagen y credibilidad, erosionando la confianza de sus electores. Para Luna, esta confrontación podría representar un impulso a su carrera política, posicionándolo como un fiscalizador activo de la corrupción. Sin embargo, también existe el riesgo de que la controversia se polarice aún más, beneficiando a otros actores políticos. El caso podría reabrir el debate sobre la gestión de los peajes en Lima y las concesiones a empresas internacionales, generando un clima de incertidumbre y cuestionamiento hacia las autoridades.
Un ejemplo concreto de repercusión política podría ser la disminución en los niveles de aprobación de López Aliaga en las encuestas de opinión pública. Si la controversia genera una percepción generalizada de falta de transparencia o inconsistencia en su gestión, podría traducirse en una pérdida de apoyo electoral, afectando sus posibilidades en futuras contiendas electorales. Esta disminución en la popularidad podría abrir espacio para que otros candidatos o partidos políticos aprovechen la situación y ganen terreno en el electorado.
Lo cierto es que Pepe Luna dio en el blanco, esto tiene para rato.
