Trago amargo. Se codeaba con catedráticos de Harvard y Oxford, sintiéndose “sano y sagrado”, intocable y bravucón cuando se le ponía enfrente una etiqueta azul, altanero y prepotente, el macho alfa con las mujeres mientras su esposa miraba hacia otro lado, pero ahora, ya casi un octogenario, quejándose de la vida y los achaques de la edad, la imagen de aquel expresidente nacido en Cabana (Ancash) resultaba patético cuando se le escuchaba, con una voz lastimera, suplicar por justicia.
El Poder Judicial (PJ), en un hecho que marcará la pauta para los demás ex mandatarios y actuales gobernantes involucrados en casos de corrupción, sentenció al expresidente Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses de prisión efectiva, tras hallarlo culpable de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur.
En un adelanto de fallo, la jueza Inés Rojas Contreras del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, admitió el requerimiento del Ministerio Público para que se imponga 9 años de prisión contra Alejandro Toledo por el delito de colusión, además de 11 años y 6 meses por el delito de lavado de activos.
Desde la sala de audiencias del penal de Barbadillo, la titular del PJ resolvió que el ex mandatario fue parte de una concertación que favoreció a la empresa Odebrecht, con la adjudicación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, a cambio de un soborno de 35 millones de dólares.
La jueza Rojas Contreras detalló que la lectura integral del fallo será dentro de 8 días. Además, indicó que, a lo largo del proceso, se recibió a 119 testigos, entre nacionales y extranjeros; se verificó 175 audiencias, y se ha actuado más de mil pruebas documentales, comprendidas en más de 173 mil folios.
“Es una sentencia histórica y un mensaje claro de que no debe haber impunidad: los crímenes y la corrupción se castigan. La afectación al sistema de justicia, a los fiscales y jueces, no debe continuar. (…) Hoy, el Poder Judicial ha mantenido su independencia y autonomía pese a la campaña de demolición que hemos sufrido (…) con denuncias calumniosas y acoso incesante por parte de algunos medios”, dijo al comentar el fallo del tribunal el fiscal José Domingo Pérez.
Asimismo, se dictó nueve años de prisión a dos ex funcionarios de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, y 14 años al empresario José Castillo Dibós. Se precisó que la pena para todos ellos queda suspendida hasta que sea declarada firme.
El dato:
La reciente condena marca un hito relevante respecto a los casos de corrupción donde se encuentran comprendidos ex mandatarios peruanos, entre los cuales se pueden mencionar a Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016 -2018), así como de haber incluido al finado expresidente Alan García (2006 -2011).