Empezaron a declarar en la Fiscalía los exfuncionarios cercanos a Susana Villarán en la gestión municipal 2011-2014. El Equipo Especial Lava Jato el año pasado abrió investigación contra regidores, funcionarios y asesores de la exalcaldesa por los presuntos delitos de Cohecho (soborno), Lavado de activos y Asociación ilícita, por haber sido parte de un entramado en el caso de los aportes de las brasileñas OAS (US$ 4 millones) y Odebrecht (US$ 3 millones) y de la firma peruana Graña y Montero (US$ 200 mil dólares) a la campaña del NO a la Revocatoria.
Entre los investigados se encuentran, la exjefa de campaña del NO a la Revocatoria, Anel Townsend, las exregidoras villaranistas Marisa Glave, Zoila Reátegui y Augusto Rey, el exregidor opositor Jaime Salinas y el exministro Jorge Nieto Montesinos.
El fiscal Walter Villanueva está encargado de la investigación preliminar contra la exalcaldesa, y los funcionarios mencionados; así como de la periodista Paola Ugaz, que recientemente ha sido incluida en la investigación.
Marisa Glave fue citada a declarar hoy en la mañana. Ella deberá explicar cómo admitió que sospechaba de que las finanzas de la campaña no cuadraban. Glave, que también fue congresista, fue una de las principales impulsoras de los contratos corruptos. Recordemos que el Fiscal, basado en las declaraciones del aspirante a colaborador, señala que el presunto destino del dinero de Odebrecht y OAS en el Perú, habría sido para pagar de manos de Luis Gómez Cornejo: US$ 20 mil dólares a Marisa Glave; US$ 20 mil a Zoila Cornejo Reátegui y US$ 20 mil dólares a Anel Townsend como jefa de la campaña del No a la Revocatoria.
Las constructoras brasileras aportaron varios millones de dólares a Susana Villarán, a cambio de que ésta los beneficie con la concesión de las obras: Línea Amarilla (OAS) y Rutas de Lima (Odebrecht); proyectos que son lesivos para miles de limeños porque se han visto obligados a pagar tarifas de peajes encarecidas de forma antitécnica.
Asimismo, El próximo lunes 22 deberá acudir a la Fiscalía, Augusto Rey, y el miércoles 24 lo haría Paola Ugaz. En el caso de la periodista, el fiscal Villanueva admitió una denuncia del ciudadano Luciano Revoredo.
Ugaz trabajaba como funcionaria en la comuna villaranista, con la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el 2013; sin embargo, no existe documentación sobre ello, más allá de algunas publicaciones en internet. Ella tenía un cargo de confianza en la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Es decir, la contratación de la periodista, quien percibía un sueldo de S/ 10 mil soles mensuales en el área perteneciente al Serenazgo limeño, no contaría con un archivo o expediente administrativo que contenga su contratación y actividad laboral, porque éste aparentemente se habría perdido; sin embargo, según el fiscal, el periodo de la contratación de Ugaz dentro del MML coincide con el mismo período en que las empresas Odebrecht y OAS realizaron el primer aporte de dinero. Según la denuncia, Paola Ugaz adquirió un inmueble por unos US$ 400 mil. Ha viajado en los períodos del 2015 al 2020, de los cuales realizó 16 viajes a 22 destinos y permaneció 246 días en el extranjero bajo un costo de al menos US$145 mil 950 dólares.