El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido de “control de plazo” que formuló la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el ‘caso Rolex’. Con esta solicitud denegada, la defensa legal de la jefa de Estado pretendía desestimar la investigación en su contra.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a través del juez supremo, Juan Carlos Checkley, informó que la mandataria continuará siendo investigada por el delito de enriquecimiento ilícito y otros, en agravio del Estado peruano.
«El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve: Declarar infundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra en la investigación preliminar seguida en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y otros en agravio del Estado», se lee en el documento.
Pese a la complejidad, abogado de Boluarte pidió que se concluya investigación
Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, aseveró que el plazo de investigación por el ‘Caso Rolex’ fue aplazado en 177 días de manera injustificada.
«El estado de la investigación, al día de hoy, ha vencido con 177 días de exceso, desde nuestra perspectiva», advirtió Portugal durante la audiencia. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que debido a que el proceso presenta una considerable «complejidad», el plazo de investigación preliminar, que en un primer momento fue fijado en ocho meses, debería computarse a partir del 17 de mayo del presente año, con una fecha de caducidad que se extiende hasta el 16 de enero del 2025.
“Se dispuso declarar compleja esta investigación y, en consecuencia, fija el plazo de investigación preliminar en ocho meses. Lo que evidentemente, a criterio de esta Fiscalía, deben ser computados a partir de esa misma fecha: 17 de mayo del 2024. Por lo que el vencimiento, para nosotros, recién se produciría con fecha 16 de enero del 2025″, manifestó el representante del Ministerio Público. La medida se basó en la necesidad de continuar con la verificación de documentos, así como con la realización de peritajes sobre los bienes muebles, inmuebles y más informes financieros existentes.
