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Caso Richard Swing: detenidos podrían pasar de prisión preliminar, a prisión preventiva

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Si Richard Cisneros y los ocho detenidos no colaboran con la fiscal anticorrupción durante estos días que vienen afrontando sus prisiones preliminares, probablemente no retornarán a sus casas y pasarán a una audiencia de pedido de prisión preventiva, para determinar si se trasladan a un penal durante nueve, dieciocho, o treinta y seis meses de prisión cautelar. Claro está, si es que la fiscal anticorrupción lo solicita así, y si la jueza Sonia Bazalar Manrique declara fundado el pedido de la prisión preventiva. 

Como se sabe, se le vino la noche al entorno presidencial porque el operativo fiscal realizado el viernes en las primeras horas de la mañana con el apoyo de los agentes de la Diviac, logró detener al proveedor del ministerio de Cultura, Richard Cisneros Carballido, Mirian Morales Córdova exsecretaria general del Despacho Presidencial, Karen Roca Luque exasistente administrativa del Despacho Presidencial, Mauricio Salas Torreblanca programador del Gran Teatro Nacional, Aura Elisa Quiñones directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del ministerio de Cultura; Lincoln Martín Matos Parodi director general de la Oficina General de Administración de ese mismo ministerio; y las secretarias generales del Ministerio de Cultura, Patricia Dávila Tasaico y Diana Tamashiro Oshiro.

El brazo derecho del presidente Vizcarra tras la rejas.

Seguidamente, Óscar Vásquez Zegarra, el exasesor o consultor presidencial y hombre de confianza de Martin Vizcarra también fue capturado en el distrito de Barranco y ya está detenido en la sede de la Prefectura y solo faltaría detener a Liliana Margot Chanamé, directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura. La Policía ha desplegado un gran operativo para seguir el rastro de esta exfuncionaria, que desde que ya es prófuga de la justicia agravará su situación legal.  

Las prisiones preliminares y preventivas, son medidas excepcionales que aplican los fiscales cuando descubren que en el medio de sus investigaciones preliminares o preparatorias hay algún tipo de intromisión que coadyuve a entorpecerlas, para que al final no se llegue a descubrir a los verdaderos responsables de actos delictivos.

En otros términos, se dan cuando hay indicios de obstaculización a la justica u otros peligros procesales, como el peligro de fuga y/o la falta de arraigo. Es decir, no son penas anticipadas, pero éstas se vienen aplicando con mayor cotidianidad desde los destapes de corrupción por el caso Odebrecht que involucró en actos delictivos por corrupción a algunos presidentes de Latinoamérica y específicamente a cinco mandatarios de Perú.

No obstante; los abogados defensores evidentemente alegan que son medidas desproporcionadas porque dizque atentan contra el debido proceso de sus patrocinados y contra el principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, la fiscal provincial anticorrupción Janny Sánchez Porturas tiene suficientes elementos de convicción para haber decidido adoptar la medida excepcional de detención preliminar que será por 7 días; no obstante, ésta también sería parte de su estrategia para que durante ese breve lapso de días de prisión, algunos de los detenidos se animen a someterse al pedido de colaboración eficaz, para que de esa forma el Ministerio Público de forma más rápida dé con los verdaderos autores intelectuales de este tinglado de corrupción gubernamental.

En ese sentido, los más afortunados hasta estos momentos parecen ser la exministra de Cultura Patricia Balbuena Palacios que se mantiene intocable, pues, la Fiscal Zoraida Ávalos aún no inicia investigación contra ella. Asimismo, el exsecretario General de ministerio de Cultura Jorge Apoloni Quispe que hasta la fecha no ha sido detenido a pesar de sus graves involucramientos con las contrataciones de Richard Cisneros Carballido. La razón más lógica: es porque sería un testigo protegido y que por la valiosa información que viene brindando, el Ministerio Público lo tendría por el momento al margen de las medidas coercitivas.

Círculo de confianza del presidente Vizcarra en prisión por caso Richard Swing.

Ahora bien, si Richard Cisneros y los ocho detenidos no colaboran con la fiscal Sánchez Porturas durante estos días que vienen afrontando sus prisiones preliminares, probablemente no retornarán a sus casas y pasarán a una audiencia de pedido de prisión preventiva, para determinar si se trasladan a un penal durante nueve, dieciocho, o treinta y seis meses de prisión cautelar. Claro está, si es que la fiscal anticorrupción lo solicita así, y si la jueza Sonia Bazalar Manrique declara fundado el pedido de la prisión preventiva.  

Tampoco entendemos cómo hasta estos momentos la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera no se pronuncia al respecto a pesar que el presidente de la República Martín Vizcarra presumiblemente sería la cabeza de una organización delictiva que opera desde Palacio de Gobierno para utilizar fondos del Estado con el fin de obtener dinero ilegalmente; a pesar que, la propia Fiscalía Anticorrupción ha diseñado un organigrama en forma de una pirámide que revela una presunta organización criminal, que de manera vertical y descendiente señala como primer implicado al jefe de Estado, seguido en ese orden por la Secretaría General; los ministros de Cultura; los Secretarios Generales; seguidos de los Directores y Jefes de Oficina; hasta llegar a la última jerarquía, de Asistentes y Servidores Públicos.

Así están las cosas, el caso Richard Cisneros solo es la punta del iceberg, porque tarde o temprano dilucidará a toda una red que goza de brazos legales y políticos dentro del gobierno de Martín Vizcarra. Y a pesar, que en estos momentos todas las miradas están dirigidas  de forma mediática al Swing del ministerio de Cultura, no se debe perder de vista la relevancia legal que tiene el caso de los amigos del tenis del presidente que han sido beneficiados por el Estado con extraños contratos y nombramientos; así como los contratos del cuñado del mandatario moqueguano, Fredy Herrera Begazo y los del padre de la ministra de Economía, Jorge Alva; eso, sin contar el escandaloso caso de las adendas del contrato del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Algo huele mal en Dinamarca… pero estamos seguros que no por mucho tiempo.  

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