Caso RBC: Lo que Paolo del Águila no vio en INDECOPI

Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio es el presidente de una Sala de Procedimientos Concursales del INDECOPI. Como otros funcionarios tiene muchos años en esa institución cuestionada por documentados e informados ciudadanos en sus más diversas áreas o especialidades, sea en “Protección al Consumidor”, “Libre Competencia”, “Barreras burocráticas” o en el susodicho “Procedimientos Concursales”.

Ahí están, por ejemplo, Jaime Delgado, Gino Román, Paolo Benza, Uben Atoche o Norberto Samillán, quienes han destruido y enfrentado tecnicismos baratos y leguleyadas, esos tecnicismos con los cuales las cosas se acomodan al poder oculto o de turno que infringe la Constitución, el Estado de derecho y los principios más elementales del sano derecho administrativo.

Ellos -y seguramente otros ciudadanos en solitario- se enfrentan a las argollas de poder y a nefastos cenáculos de amigos, a esos grupos de interés que se forjan desde las aulas universitarias, llamándose unos a otros para ocupar los puestos más estratégicos y luego, usando su influencia, cual duchos prestidigitadores, proceden a crear dizque “secretarías técnicas” y supuestas áreas de “fiscalización” con el objetivo de entrampar más los procesos o con la consigna de que nada se mueva sin la aprobación de ese poder tecnocrático mañoso, que es el que hoy se enseñorea en las entidades estatales del Perú.

Quien pierde es el consumidor, quien pierde es el acreedor laboral, quien pierde es la empresa que sí cumple buenas prácticas o es la persona jurídica que sí cumple la ley. Es decir, el mundo al revés: en el INDECOPI quien pierde es el que está haciendo lo correcto. En otras palabras, para ganar en el Perú procesos judiciales o administrativos hay que hacer lo incorrecto y sumarse a ese poder arbitrario y dictatorial que mueve las entidades estatales y a los funcionarios públicos a su antojo.

Hoy el Congreso de la República, los sectores del Ejecutivo y los entes adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros (como el INDECOPI), no funcionan debidamente y son pocos los servidores públicos que sí hacen su tarea y que incluso se enfrentan a las áreas de Control Interno o de Procesos Disciplinarios para reclamarles mejor labor cuando estos tergiversan su función para beneficiar, lamentablemente, a intereses particulares y consagrar la injusticia o la impunidad.

Por eso, si no hay una real voluntad de lucha contra la corrupción por parte de la Contraloría General de la República, por parte de la Secretaria de Integridad de la referida PCM o por parte de las unidades especializadas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entonces jamás habrá un cambio en la calidad de la gestión pública en el Perú ni en el mejoramiento del nivel moral de los recursos humanos de la administración estatal.

En ese contexto, en próximas ediciones esta redacción profundizará acerca de la labor que vienen realizando entidades como el INDECOPI y funcionarios con el perfil de Paolo del Águila, quien lleva varios años en esa entidad junto a personal como la secretaria Aquino y el fiscalizador Juan Elías, quienes hacen un equipo, como antes lo hacían el funcionario Molleda y la funcionaria Ortiz.

La pregunta central es: ¿INDECOPI está a la altura para que la ley y la justicia se cumpla en el Perú o sólo sirve para que el abuso y la arbitrariedad sean el pan de cada día en una nación que se cae a pedazos?

El caso de RBC Televisión, llevado al INDECOPI como consecuencia de un plan perverso; el tema del “cártel del pavo”, del “bidón de Agua San Luis” o la llamada “Leche Gloria”; la lucha de una ciudad contra los abusivos peajes de “Rutas de Lima” y el delincuencial “terrorismo urbano”; el caso Fortunato Quesada en Cancillería; las argollas de poder en el seno del MINJUSDH, del MINCUL o del MINEDU; los desaguisados de Nicanor Boluarte y las subprefecturas para inscribir el partido político que buscará que su hermana Dina siga en el poder, etc., ¿son solo la punta del iceberg en medio de un océano de descomposición? ¿No deberíamos los peruanos pedir hoy una reorganización o reestructuración de nuestro Estado?