Son terceros civilmente responsables. Así lo ha determinado la Procuraduría Especial del caso Lava Jato para 16 empresas en las que se incluye Odebrecht, vinculadas éstas a la ex alcaldesa Susana Villarán, y al empresario Gonzalo Monteverde.
Gracias a esas decisiones judiciales, esas 16 empresas jurídicas junto a las personas naturales investigadas, responderán de manera solidaria por el eventual pago de las reparaciones civiles que la procuraduría Ad Hoc viene exigiendo por los daños causados al Estado.
Para el caso de Susana Villarán, y otros, se incluye como terceros civilmente responsables a tres compañías vinculadas al proyecto Rutas de Lima: Constructora Norberto Odebrecht S.A. (matriz de Brasil), Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y la concesionaria Rutas de Lima S.A.C.
La procuraduría Ad Hoc ha solicitado de manera preliminar el pago de 20 millones de dólares como reparación civil.
En tanto en el proceso que se le sigue a Monteverde, quien habría brindado sus empresas para el pago de sobornos con dinero proveniente de Odebrecht, se ha logrado la inclusión de 13 de sus compañías como terceros civilmente responsables.
Para ellos, la procuraduría ha solicitado de manera preliminar una reparación civil de 50 millones de dólares.
Tanto el caso Monteverde como el de la exalcaldesa Villarán se encuentran en la etapa de investigación preparatoria. En caso de que el Poder Judicial encuentre como responsables a las personas naturales y empresas investigadas, todos deberán pagar la reparación civil a favor del Estado de manera solidaria.
Odebrecht y Susana Villarán
Según indica la procuraduría esta empresa no ha reconocido culpabilidad para este caso. De acuerdo a ello, la procuraduría, en ejercicio de sus facultades, se encuentra en la potestad de iniciar acciones legales para garantizar el eventual pago de una indemnización a favor del Estado.
Asimismo, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros ex funcionarios de la Municipalidad de Lima investigados, se encuentran dentro del proceso por la presunta recepción de dinero por parte de las empresas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas políticas a cambio de favorecerlas con las concesiones de los proyectos Línea Amarilla, y Rutas de Lima.
