Política
Caso Interoceánica: Juez valida acusación contra Alejandro Toledo y proceso ingresa a la etapa oral
Magistrado Richard Concepción Carchuancho desestimó enviar al archivo caso que involucra a ex presidente.
Un camino sin retorno. El ex presidente Alejandro Toledo (2001 -2006), recluido actualmente en el penal de Barbadillo, irá inexorablemente a juicio oral por el caso Interoceánica, que lo extraditó de Estados Unidos el mes pasado y donde es acusado de recibir 35 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de esta vía que conecta Perú con el país limítrofe de Brasil.
El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho desestimó ayer martes los recursos que buscaban sobreseer el caso ―que salpica a otros seis coacusados— y declaró la validez de la acusación planteada por José Domingo Pérez, fiscal del equipo Lava Jato, quien solicita 20 años y 6 meses contra el exmandatario.
“Este caso ha superado el requerimiento acusatorio y el control sustancial, y merece ir a juicio oral. […] Este despacho resuelve lo siguiente: declarar la validez sustancial del requerimiento acusatorio contra todos los acusados consignados”, resolvió el magistrado.
El juicio oral, que determinará la culpabilidad de Toledo y los coacusados, comprende los alegatos preliminares, la actuación probatoria, los alegatos finales y la deliberación y sentencia. Solo hace una semana fue detenido en España el empresario Fernando Camet, cuya empresa ha sido vinculada en el soborno de Odebrecht.
Además, la defensa del expresidente buscó desligarlo, sin éxito, de la adjudicación de esta carretera, que sería el proyecto más ambicioso de su administración. En una audiencia, el abogado Roberto Su sostuvo que su patrocinado “no puede ser sujeto activo de colusión” porque entre sus funciones no está el tener el “título habilitante en contrataciones públicas” del Estado, como lo fue la construcción de dos tramos de la Interoceánica.
El letrado añadió que la Hacienda Pública es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que “las funciones del presidente son de carácter político y representativas”. Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez replicó que uno de los principales deberes del jefe de Estado es hacer cumplir la ley y administrar la hacienda pública.
En ese sentido, citó los fundamentos de la resolución de extradición presentada a Estados Unidos por la Corte Suprema de Justicia, en la que señalan que Toledo tuvo una “intervención directa” en el proceso de adjudicación de la obra, en la designación del comité a cargo y en otros actos funcionales.
Alejandro Toledo “tenía el deber de proteger los intereses del Estado, pero se concertó con Jorge Barata (entonces responsable de Odebrecht en Perú), defraudando el interés público, a fin de favorecer a la empresa”, expresó el fiscal en respuesta a Su. En 2019, Barata ya había declarado que Toledo recibió sobornos de la constructora.