Por Rafael Romero
El último jueves 22 de agosto remitimos una carta a la doctora Auristela Ana Obando Morgan, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, con copia a los parlamentarios que integran dicho grupo de trabajo, en la que pusimos de relieve el denominado “Complot contra Fortunato Quesada”, tema abordado en los medios de comunicación (por El Comercio, EXPRESO, La Razón, La República y el portal Lima Gris, entre otros).
El punto es que la nueva presidenta del Congreso tiene que hacer algo concreto que sus antecesores en el cargo no lo hicieron, y eso es fiscalizar seriamente a la Cancillería, por más que de por medio exista un pacto gubernamental entre el Ejecutivo y el “fujicerronismoacuñismo” parlamentario.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores tiene la oportunidad de fiscalizar, a la luz de las revelaciones de documentos oficiales y pruebas irrefutables de la cancillería, donde existen grabaciones ilegales y chats de WhatsApp, como también la confesión y arrepentimiento del exservidor Jesús Alvarado Zegarra y la confirmación de audios editados y enviados en junio del 2018 al programa dominical “Panorama” por orden de funcionarios ministeriales, porque eso es lo que espera la nación del Congreso de la República.
Un parlamentario debe cumplir su razón de ser, como es cuestionar al Ejecutivo y ejercer el control político sobre el gobierno nacional, para terminar, por ejemplo, con la supuesta argolla perversa dentro de Cancillería, tal como se desprende de la entrevista en la edición del 8 de agosto del 2023, realizada en el Programa Habla el Pueblo (RBC Televisión), pues esta problemática no ha tenido aún la debida ni la oportuna fiscalización de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Además, con fecha 7 de septiembre del 2023, solicité entrevista periodística a la señorita Canciller Ana Gervasi Díaz, frente a una situación urgente de integridad ministerial, transparencia y ética en la función pública a partir de las declaraciones de un excolaborador del Ministerio de Relaciones Exteriores, de nombre Jesús Alvarado, con funciones en la Embajada del Perú en Israel durante el año 2018, pero la respuesta de la entonces canciller Gervasi fue la evasiva o el silencio.
Sin embargo, al igual que en las gestiones de los cancilleres Wagner, Maúrtua, Landa, Rodríguez Mackey, Meza Cuadra, y el actual Javier González Olaechea, solo prevalecería la impunidad, pues habría blindaje o encubrimiento, así como una posible omisión de funciones y negligencia, resultando el caso todavía más grave cuando recientemente el exservidor Jesús Alvarado hizo pública una gravísima denuncia contra Néstor Popolizio, embajador del Perú en República Checa, acusándolo de ser el autor de un complot perpetrado desde Torre Tagle.
Al tratarse de un tema público, y por corresponder a la lucha contra posibles “vacas sagradas” enquistadas en las instituciones del Estado, mucho más cuando en los programas de Habla el Pueblo del 8 de agosto del 2023 y del 18 de septiembre del 2023, las declaraciones del exservidor Jesús Alvarado, cuestionaron seriamente al entonces canciller del Lagarto, Néstor Popolizio, cabe preguntar: ¿qué se ha hecho desde el Congreso en todo este tiempo? Peor cuando hay pruebas irrefutables correspondientes a los procesos administrativos contra los diplomáticos José Boza y Pedro Rubín, revelándose que Popolizio ordenó un complot desde Lima, con el objetivo de sacar del cargo de embajador del Perú en Israel a Fortunato Quesada en menos de 10 días.
Por otro lado, se tiene la noticia del diario El Peruano, sobre el nombramiento de Pedro Rubín Heraud como cónsul general del Perú en Río Branco, Brasil, pese a que fue uno de los protagonistas de la conspiración, según el extrabajador de cancillería Jesús Alvarado y otros documentos oficiales. En consecuencia, estos hechos para la Comisión de Relaciones Exteriores deberían de ser materia de fiscalización, como también la conducta de los funcionarios Pedro Rubín Heraud, Néstor Popolizio Bardales y Hugo de Zela.
La inmoralidad en la Cancillería socava la institucionalidad y por eso el Congreso debería de darle el acompañamiento necesario para sacar la mala sangre de Torre Tagle, es decir acabar con las argollas burocráticas, a fin de no repetir la inoperancia de anteriores ministros como Maúrtua, Meza Cuadra, Wagner, Landa, Rodríguez Mackay o Gervasi, existiendo todavía serias interrogantes frente a sus gestiones: ¿por qué no se abrió proceso disciplinario a Popolizio y de Zela con las nuevas pruebas obtenidas?
Pero hoy, también cabe preguntar: ¿acaso está impedido el canciller Javier González-Olaechea de usar la figura de la revocación o de la conciliación, máxime cuando el complot existió el 2018 y lleva más de seis años sin solución? Precisamente, la fiscalización de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso debe de empezar invitando al canciller González-Olaechea para que aborde el caso Fortunato Quesada, siendo esto necesario y pertinente para la transparencia, las buenas prácticas, la ética en la función pública y la calidad en el servicio diplomático.
