Política
Caso «Cofre»: Comisión de Fiscalización avanza hacia vacancia de Boluarte pese a blindaje político
El informe expone presuntas coordinaciones indebidas de la presidenta Dina Boluarte, agravando su situación por posible uso del poder para encubrir actos ilícitos. Sin embargo, su avance en el Congreso es incierto: bancadas como Alianza para el Progreso han sido un escudo clave para evitar su caída.
Con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este viernes el informe final sobre el escándalo del denominado «Cofre Presidencial», que apunta directamente a la presidenta Dina Boluarte por presuntas irregularidades que configurarían incapacidad moral permanente, causal de vacancia según el artículo 113 de la Constitución.
El informe, liderado por el congresista Juan Burgos, señala presuntas coordinaciones indebidas por parte de la mandataria, incluyendo actos en un condominio distinto al complejo Mykonos —ya vinculado a investigaciones anteriores— lo que agrava la situación y refuerza sospechas de uso indebido del poder para encubrir posibles actos ilícitos.
Entre las recomendaciones del documento se incluye el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, una reforma del reglamento del Congreso para fortalecer su rol fiscalizador, y la evaluación de una posible infracción penal por parte de Boluarte Zegarra. También se plantea que el Pleno debata una eventual vacancia como respuesta constitucional frente a las irregularidades detectadas.
Sin embargo, la posibilidad de que este informe prospere más allá del debate parlamentario parece lejana. El Congreso, que debería actuar como contrapeso institucional, ha sido uno de los principales escudos políticos del régimen de Boluarte. Bancadas como Alianza para el Progreso (APP), pese a su retórica ambigua, han sostenido una postura funcional al Ejecutivo, blindando sistemáticamente a la presidenta de cualquier consecuencia real.
Lo mismo ocurre con otras agrupaciones que, tras bambalinas, negocian cuotas de poder a cambio de su silencio o abstención. El Congreso no solo ha fracasado en su deber de fiscalización, sino que se ha convertido en cómplice activo de la parálisis moral que atraviesa el país. El voto en contra de APP al informe, es solo el último episodio de una alianza tácita que prioriza intereses partidarios sobre el bienestar nacional.
Mientras la ciudadanía asiste con escepticismo a este nuevo episodio de impunidad, el equilibrio de poderes sigue en entredicho. La crisis no es solo de la presidencia: es del sistema político entero, corroído por pactos de impunidad y carente de liderazgo ético.