China de risa. EL Poder Judicial (PJ) declaró fundado el pedido mediante el cual se anula el juicio oral iniciado contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el denominado caso Cócteles.
El colegiado, conformado por los magistrados Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias, adoptó esta medida en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la acusación fiscal contra el ex secretario general de Fuerza Popular José Chlimper.
Con ello, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dispuso que el caso regrese a la etapa intermedia para que se pueda realizar un nuevo control de acusación a fin de subsanar las observaciones realizadas por el TC.
«Desarrollar un juicio con una imputación deficiente constituye una puerta abierta hacia la arbitrariedad, en tanto se pone en riesgo el principio de congruencia procesal ya que, si las conductas imputadas no están debidamente claras o estando claras estructuralmente no tienen consistencia, se pone al acusado en una posición de incertidumbre», indicó el magistrado Max Vengoa.
Posteriormente, el fiscal José Domingo Pérez, en representación del Ministerio Público, junto con la Procuraduría, interpusieron un recurso impugnatorio para revertir la anulación del juicio oral.
A diferencia de lo ocurrido con el delito de obstrucción a la justicia, donde a Fujimori se le excluyó del proceso y, por tanto, se desestimó su responsabilidad penal, lo dispuesto por este colegiado implica regresar el caso a una etapa anterior.
Al declararse nulo el auto de enjuiciamiento, el caso regresa a la etapa de control de acusación, donde se deberá subsanar cualquier vicio procesal y se le permitirá a la defensa plantear excepciones.
“Se declara nula la resolución número 1, que es el auto que cita a juicio oral, de fecha 25 de enero de 2024”, indicó la magistrada Juana Callabero, quien preside el colegiado.
Caso Cócteles
El “caso Cocteles” se centra en una investigación sobre presunto lavado de activos vinculado a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en Perú, específicamente en 2011 y 2016. El caso examina los aportes recibidos por Fuerza Popular durante estos periodos, en particular los montos reportados bajo la modalidad de eventos como cocteles benéficos, que supuestamente sirvieron para justificar grandes sumas de dinero de origen presuntamente ilícito.
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, es señalada como la cabeza de la red que habría recibido aportes ilegales, incluyendo dinero presuntamente entregado por la constructora brasileña Odebrecht.