Caso Cócteles: entre el show de Domingo Pérez y el blindaje a Keiko Fujimori

El caso “Cócteles” lleva años arrastrándose en el sistema judicial peruano, y lejos de aclarar responsabilidades o establecer verdades jurídicas, se ha convertido en otro episodio de la agotadora pugna política entre los bandos que dominan el debate nacional: los autodenominados «caviares» y la derecha conservadora.

Esta semana, el fiscal José Domingo Pérez volvió a aparecer ante los medios con nuevas acciones persecutorias contra Keiko Fujimori, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos a través de falsos aportes a su campaña presidencial del 2011. Según la fiscalía, los llamados “cócteles” sirvieron como fachada para ingresar fondos irregulares, incluyendo donaciones de la empresa Odebrecht.

Aunque la gravedad de las acusaciones no debe minimizarse, el estilo del fiscal Pérez sí genera cuestionamientos. Su permanente exposición mediática, sus frases calculadas para el impacto, y la forma teatral con la que presenta sus argumentos, alimentan la idea de que no busca solo justicia, sino protagonismo. El Ministerio Público no puede comportarse como una figura televisiva. Si la intención es desarticular redes de corrupción, la sobriedad institucional debería ser la regla, no la excepción.

En abril pasado se cayó el juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso ‘Cócteles’, tras anulación del PJ.

Sin embargo, la crítica no puede quedarse en el plano del Ministerio Público. Cada vez que Keiko Fujimori enfrenta un revés legal, sus aliados de la derecha conservadora reaccionan con indignación automática. Invocan una supuesta persecución política, acusan al sistema de querer bloquear su participación electoral, y construyen un discurso victimista que choca con su habitual defensa del “orden” y la “legalidad”.

Hay algo profundamente incoherente en esa defensa cerrada, casi corporativa, de una figura con tantos cuestionamientos judiciales. El “espíritu de cuerpo” con el que blindan a Keiko no es un gesto de principios democráticos, sino una estrategia para mantener una figura útil al statu quo conservador.

Así, el caso “Cócteles” ya no es solo un expediente fiscal, sino el reflejo de una guerra política que cansa y divide al país. ¿Hasta cuándo la opinión pública debe tolerar esta disputa interminable entre caviares y conservadores, donde la justicia se usa como arma y escudo según convenga?

Lo que el Perú necesita es un sistema judicial que no sea espectáculo ni herramienta política. Y una clase política que entienda que la corrupción —venga de donde venga— no se combate con discursos hipócritas ni con defensas interesadas, sino con coherencia y respeto por la ley.