Por Rafael Romero
La calidad del servicio y de la ética pública están en serios problemas en el país. Sea cual fuere el poder del Estado, sea cual fuere la institución del gobierno nacional, regional, provincial o distrital, no todos los funcionarios públicos toman conciencia de su desempeño y de su honor.
Casos puede haber mil, pero hay uno emblemático donde se puede estudiar, investigar y analizar lo mal que viene caminando la administración pública, y ese no es otro que el caso de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. o Canal 11, donde se demuestra la ineficiencia de las autoridades, la trama, el boicot y un plan siniestro con el objetivo de despojar a su legítimo propietario, Ricardo Belmont Cassinelli, de su medio de comunicación y, además, desde donde inescrupulosos se burlan del Poder Judicial y de los trabajadores hace ocho años.
En otras palabras, es fácil corroborar la existencia de una “simulación” perversa que, debido a autoridades ineficientes, llevó a Canal 11 al INDECOPI, con él único propósito de no pagar los beneficios sociales a los trabajadores y de silenciar a un broadcaster como RBC, cuya voz es crítica y fiscalizadora en Perú.
También se han evidenciado irregularidades de fondo y forma dentro las instancias del INDECOPI, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por lo que urge reflexionar y valorar el papel o la vigencia de la integridad, la probidad, la transparencia y ética pública en el Estado, y sentar definitivamente en el país si estos principios y deberes se cumplen o son simplemente papel mojado en tinta.
Bajo esa premisa, recién se tendrán las cosas más claras pues no debemos bajar la guardia frente a la corrupción, la inmoralidad pública y la impunidad, porque el Perú ya no está para ser blando con la ineficiencia y la corrupción, pues es tiempo de que se cumplan las normas que promueven un alto nivel para los recursos humanos en el Estado, con el objetivo de mejorar la calidad en la gestión pública.
Por eso, el papel de la PCM en este tipo de terrenos es fundamental, porque es el portafolio del Ejecutivo que concentra y ejecuta las normas en provecho de la idoneidad, de la especialidad y la capacidad de los funcionarios en materia profesional y ética, con el fin de que en sus actos administrativos se garantice la vigencia de un Estado Democrático, Constitucional y Social de Derecho.
En el caso de Canal 11 se encuentran, quizá, todas las taras de un Estado donde el mundo está al revés, como dice Lucho García Miró, donde nada el pájaro y vuela el pez; o donde solo llueve para arriba como suele afirmar Herbert Mujica Rojas. Es decir, es un caso donde hay de todo, concretamente en el INDECOPI, incluso peleas y desavenencias internas entre los presidentes, vocales, secretarios técnicos y secretarios de fiscalización de las Comisiones y Salas de Procedimientos Concursales, cuando no acusaciones mutuas de corrupción.
Por tanto, pregunto: ¿A manos de qué clase de gente ha llegado el caso de Canal 11 o gente de qué clase es la que tiene el expediente de RBC Televisión en el Indecopi?
Todo esto obliga a que la PCM, de acuerdo a las atribuciones y competencias de supervisión, cumpla un papel más activo en la mejora de la calidad del servicio y de la gestión estatal, y esto debe evitar que la República se convierta en protagonista de la inmoralidad pública o en un convidado de piedra frente al despojo de un canal de televisión, o que permita la burla de particulares para no cumplir con las resoluciones judiciales laborales, o que facilite el incumplimiento de las buenas prácticas corporativas, o que agravie a la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.
La propia PCM lo dice textualmente, refiriéndose a su papel de entidad líder en el Estado peruano, cuando afirma que: “(…) supervisamos las acciones de nuestros organismos públicos, organismos reguladores, oficinas adscritas, entre las que están, por ejemplo, INDECOPI y SERVIR, consejo, comisiones y entidades que tienen como función velar por el cumplimiento de los derechos de todos los peruanos e impulsar el desarrollo de los mismos a través de diversos sectores”.
Pero cuando vemos que no hay calidad entre algunos funcionarios del INDECOPI, y cuando se tienen hechos documentados al respecto, lo cierto es que se infringe el principio de “orientación a resultados” que propugna la propia PCM, cuando literalmente afirma que busca: “Ejecutar las funciones públicas en base a los servicios que los ciudadanos esperan recibir para satisfacer sus demandas, con los más altos niveles de calidad y rendimiento posibles, intentando siempre superar los estándares propios de excelencia”.
Finalmente, existe algo más en la PCM que, seguramente, resulta lo más importante para la hora presente: es la “integridad” del servidor público, la cual debe enmarcarse en la rectitud, la honradez y la honestidad. El caso de RBC o Canal 11, por tanto, pone a prueba al Estado peruano.
