Cultura
Carta de historiadores, archiveros y académicos dirigida a los poderes del Estado
En la misiva se exhorta a interesarse por la situación que atraviesa el Archivo General de la Nación.
El pasado 2 del presente mes, Lima Gris alertó sobre el deplorable intento de la presente administración del Archivo General de la Nación de tercerizar la custodia y protección del valioso Patrimonio Documental de la Nación a una empresa privada, por un periodo de tres años, e impedir el acceso ciudadano; peor aún, por encontrarse entre las seleccionadas y fuerte candidata una empresa con el antecedente de haber experimentado tres incendios en sus instalaciones, provocados intencionalmente. Lima Gris dio esta noticia a través de un sustentado artículo del historiador Carlos Alfonso Villanueva.
En la presente oportunidad, se ha tenido acceso a la carta que un grupo de prestigiosos y representativos historiadores, archiveros y académicos han cursado el día de ayer a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, con copia a la presidencia del Consejo de Ministros y el director ejecutivo del Acuerdo Nacional.
En ella los exhorta a interesarse en la lamentable situación que atraviesa en Archivo General de la Nación, y una vez más ser escuchados tanto por el Congreso de la República como el Ministerio de Cultura; y, en la presente ocasión, sobre todo el Poder Ejecutivo, a los efectos de que la señora presidente de la República, Dina Boluarte, luego de reunirse con ellos tome conocimiento del riesgo manifiesto y contravención normativa que supone dicho traslado, y haga suya la propuesta técnica para la construcción del edificio del Archivo General de la Nación, sobre la base del estricto respeto que exige la tutela técnica y normativa legal del Patrimonio Documental de la Nación, así como los tratados y las normas internacionales para la edificación de ese tipo de repositorios. Solo así se podrá garantizar la preservación del Patrimonio Documental de la Nación, de enorme prestigioso internacional, parte del cual, como se sabe, ha sido declarado Memoria del Mundo por Unesco; sin olvidar mencionar que es garantía de los derechos ciudadanos, el buen gobierno, la defensa de la Nación y eficaz instrumento probatorio en la lucha contra la corrupción.
