Lima, miércoles 27 de diciembre del 2023
A la presidenta de la República, Sra. Dina Boluarte
Al presidente del Consejo de Ministros, Sr. Alberto Otárola
Al presidente del Congreso, Sr. Alejandro Soto
Al presidente del Poder Judicial, Sr. Javier Arévalo
Al Fiscal de la Nación, Sr. Juan Carlos Villena
Al Contralor de la República, Sr. Nelson Shack
Al Defensor del Pueblo, Sr. Josué Gutiérrez
A la presidenta de SERVIR, Ana Pari
De nuestra mayor consideración:
Los suscritos, profesores, periodistas y ciudadanos de buena voluntad alertamos a las autoridades acerca de elementos de convicción, pruebas e indicios que demuestran que existe una argolla de impunidad en la DRE de la región San Martín (UGEL Moyobamba), la DRELM y la UGEL 07, así como un supuesto crimen organizado y un atentado sistemático a la lucha anticorrupción del Estado peruano, esto debido a las siguientes consideraciones:
1.- Se evidencia un poder oculto dentro el Ministerio de Educación que hace que los ministros pisen y pasen sin lograr acabar con mafias, malos burócratas enquistados en puestos claves y grupos de poder que usan al Estado para beneficio de sus intereses particulares, cometiendo ilicitudes, venganzas y represalias contra quienes exigen eficiencia y transparencia en la gestión pública, vulnerando aquellos funcionarios las políticas de Estado que promueven la calidad en el servicio.
2.- Casos graves son los existentes en la DRE de la región San Martín, concretamente en la UGEL de Moyobamba, así como el escandaloso desorden de la DRELM, revistiendo de mayor gravedad la oscura gestión de la UGEL 07 – San Borja, al verificarse ausencia total de los órganos de control interno, y al mantener como asesores jurídicos a personas cuestionadas en diversos ámbitos; al haber servidores con falta de idoneidad, contraviniendo el perfil que se requiere para los cargos; al haber duplicidad de funciones y puestos públicos en manos de las mismas personas; al tratar al administrado en medio de abusos y arbitrariedades, cometiendo represalias y venganzas; al manipular y proscribir la independencia de las OCI y la imparcialidad de las CPPADD, donde sus miembros titulares y suplentes son pasados de una instancia a otra como asesores jurídicos de dirección, vulnerando absolutamente la objetividad, la probidad y la seriedad en los procesos, investigaciones y resoluciones; todo esto en medio de un manto de oscuridad, subjetivismo e inconstitucionalidad, no cumpliendo esos funcionarios con la transparencia ni la ética en el servicio público, manejándose esas instancias sin respeto al principio de legalidad, infringiendo las normas administrativas al antojo de sus directores, manteniendo entre sus filas a funcionarios públicos destituidos o entregando jefaturas a sentenciados e inhabilitados por el Poder Judicial, pero a los cuales se les da trabajo y protección; como también reinan los funcionarios omisos a sus Declaraciones Juradas de Intereses y declaraciones juradas de bienes y rentas, pues no las consignan en Plataforma Digital Única del Estado Peruano, como tampoco presentan sus teléfonos y correos institucionales, estando todas estas denuncias debidamente documentadas.
3.- Precisamente, dichas denuncias son manipuladas o archivadas por ese poder oculto a vista y paciencia de las más altas autoridades del sector Educación, por lo que urge su intervención y reorganización, pues los propios funcionarios del MINEDU un año están en esos puestos pero luego migran a la DREL o viceversa, a SERVIR u otras entidades estatales, volviéndose todo como ruedas de amigos o grupos particulares de interés, por lo que dichas denuncias solo son olvidadas en los escritorios o archivadas sin siquiera ser valoradas, no existiendo realmente órganos de control interno y usándose las CPPADD como instrumento de ataque para unos y de prebendas para otros, ya que quienes deberían de ser procesados son promovidos o premiados y quienes deberían de ser reconocidos meritocráticamente son procesados desde la mediocridad y la impunidad.
4.- Solicitamos a sus dignos despachos nos concedan audiencias para demostrar como por años se hacen denuncias y realmente a las autoridades de las entidades aludidas nada les importa porque se saben impunes y porque guardan relación amical o política con otros servidores, sobre todo con SERVIR, no tocándose entre las entidades cuestionadas, pues resulta vox populi que la DREL taparía a la UGEL, que la UGEL taparía a malos funcionarios de la DRELM y que en SERVIR hay otros servidores que no quieren supervisar, coordinar, vigilar, fiscalizar o confrontar con las Direcciones Regionales de Educación, y viceversa, reinando el copia y pega, la medianía, la impunidad y la inmoralidad pública.
5.- De oficio las autoridades pertinentes deben auditar, controlar e investigar todos y cada uno de los casos de inmoralidad hasta llegar al fondo, por ejemplo contra malos funcionarios que trabajaron en otras entidades del Estado y que salieron o renunciaron por malversación de fondos, por ser cuestionados asesores jurídicos de alcaldes, por haber sido expulsados del Club de Leones, por haber sido sentenciados e inhabilitados en el Poder Judicial o por haber sido destituidos en otras UGEL, los mismos que después son acogidos alegremente, incluso sin reunir el perfil requerido para puestos dobles.
Por lo expuesto, solicitamos al más alto nivel del Estado peruano que se proceda a aplicar de verdad y sin ningún subterfugio las leyes de control de las entidades estatales, de la ética pública, de integridad y de la lucha anticorrupción.
¡Basta de abusos y prepotencia!
¡El Estado peruano somos todos, no una chacra ni botín!
¡Viva el Perú!
Atentamente,
Nexzhar Babilonia Torres
Reneé Petronila Barrera Machado
Rafael Romero Vásquez
Maritza Espinoza Limaylla
José Briceño Abanto
Silvia Elisa Medina Gonzales
Marisol Giordano Silva
Carlos Lozano Torres
Olga del Pilar Arrunátegui Morales
Siguen las firmas…
