Policial
Carlos Wiesse: el rostro impune de la podredumbre judicial en el Perú [VIDEO]
Insultó con racismo a policías, destruyó a combazos el auto de su vecino y disparó contra su vivienda. Pese a ser prófugo, recibió prisión suspendida. Hoy es acusado de extorsión por pedir US$40 mil a un empresario, sigue libre y el sistema judicial aún no lo encarcela. ¿Acaso debe matar a alguien para que el sistema reaccione?
Carlos Wiesse Asenjo, abogado miraflorino con estudios de Derecho en la Universidad de Lima y experiencia en el sistema financiero peruano, representa hoy el síntoma de una enfermedad más profunda: la corrupción estructural y la permisividad criminal del sistema de justicia en el Perú. Lo que en cualquier sociedad funcional sería un prontuario criminal intolerable, en nuestro país se ha convertido en un manto de inmunidad que le permite continuar libre, reincidir y, lo más preocupante, actuar desde dentro del propio aparato judicial que debería haberlo sancionado con severidad hace ya muchos años.
Este sujeto, que incluso ha dictado conferencias en espacios de prestigio como la embajada de Estados Unidos y la Escuela del Ministerio Público, ha construido su carrera paralelamente sobre una cadena de conductas delictivas, escándalos públicos, amenazas, racismo, violencia armada y —recientemente— extorsión. Sin embargo, lo más aterrador no es solo el historial que carga, sino el sistema que lo ampara.
Un prontuario que cualquier otro pagaría con cárcel
En 2012, Wiesse fue intervenido por conducir en estado de ebriedad. No era un caso aislado: acumula ocho papeletas por infracciones de gravedad vinculadas a choques en estado etílico. Su licencia de conducir fue inhabilitada, pero eso no lo ha detenido. En 2014 estuvo involucrado en el atropello de una persona. En 2017, una mujer lo acusó de abuso sexual. Aunque el caso nunca prosperó judicialmente, la sola acusación ya era motivo suficiente para que se le investigue con rigurosidad. En 2018 fue demandado por fraude procesal. Y en 2020, la Sucamec canceló su licencia para portar armas de fuego luego de un nuevo escándalo; sin embargo, la recuperó al presentar un certificado psicosomático avalado por el Ministerio de Salud.
¿Cómo es posible que un individuo con este perfil haya podido recuperar una licencia de armas? ¿Qué clase de evaluación “psicosomática” valida que una persona con múltiples episodios de agresión y violencia esté mentalmente apta para portar un arma?
Los disparos que no bastaron para encarcelarlo
El 28 de mayo de 2023, Carlos Wiesse volvió a la escena delictiva, esta vez de forma más violenta y peligrosa. En completo estado de ebriedad, disparó varias veces contra la puerta del departamento de su vecino, Renán Mantilla Ramírez, y destrozó su automóvil con una comba en el estacionamiento del edificio ‘Los Castaños’ en San Isidro. Se le denunció por uso indebido de arma de fuego, daño a la propiedad privada, peligro común y otros delitos. La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva, una medida razonable para una persona que representa una amenaza latente.
Pero, una vez más, la justicia peruana se arrodilló. El juez Jeans Arnol Velazco Hidalgo, del Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, declaró infundado el pedido y dictó comparecencia con restricciones, una figura legal que Wiesse, predeciblemente, no respetó. Al violar las restricciones, se revocó la medida, y se dictó orden de captura. A pesar de ello, permaneció prófugo y, sorprendentemente, el Poder Judicial, a través de la jueza del 11° Juzgado Penal Unipersonal de Lima, Rossmery Marielena Orellana Vicuña, en lugar de dictar un fallo para encerrarlo con prisión efectiva, terminó dictando una condena benigna: cuatro años y medio de prisión suspendida.
Cuesta imaginar qué más tiene que hacer este sujeto para que finalmente se le imponga una pena efectiva. ¿Acaso debe matar a alguien para que el sistema reaccione?
Racismo explícito contra la Policía
En abril de 2020, en pleno toque de queda por la pandemia, Carlos Wiesse protagonizó un episodio que lo retrata como un individuo profundamente patológico. Desde su vivienda en San Isidro, gritó insultos racistas y clasistas contra un grupo de policías que patrullaban las calles:
“Policía, haz tu trabajo. No sé por qué te aplauden a las 7 de la noche, si es tu trabajo… Que me aplaudan a mí… Estamos cagados. Y viene un cholo y pasa por ahí, y lo aplauden… Qué chuch… me vas a cuidar tú, cholo de mierda, yo me cuido solo huevón… Eres una mierda. No tienes plata para estudiar en la universidad, por eso eres policía”.
Estas expresiones no solo son moralmente repulsivas, sino que constituyen un agravio directo a los servidores públicos. Y, sin embargo, lo más indignante es que Carlos Wiesse había trabajado como consultor en la División de Lavado de Activos de la propia Policía Nacional del Perú. Solo tras el escándalo, la PNP emitió un comunicado desvinculándose de él.
¿Qué dice esto sobre los filtros éticos y psicológicos que aplican nuestras instituciones para contratar personal? ¿Cómo pudo alguien tan abiertamente violento e irrespetuoso formar parte del equipo que combate el crimen organizado?
El salto a la extorsión: una red que podría salpicar al Ministerio Público
El último episodio de la saga criminal de Wiesse revela un nivel aún más preocupante: sus presuntos vínculos con fiscales y su participación en prácticas de extorsión utilizando información clasificada.
El empresario y regidor metropolitano Julio Gagó denunció públicamente este viernes 6 de junio que Wiesse intentó extorsionarlo en el contexto de una investigación por lavado de activos. Según Gago, el abogado contactó al enamorado de su hija para advertirle que su situación judicial se agravaría a menos que pagara 40 mil dólares. Durante una reunión en un Starbucks, Wiesse le dijo a Gago: “Hay políticos que te quieren joder y aquí la única manera de salvarte es con 40 mil dólares y de ahí una vez archivado el caso, inmediatamente me das algo para mí, que te estoy ayudando”.
Luegole mostró un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con su nombre. Pero, al verificar, la defensa legal de Gagó descubrió que ese documento no estaba en el expediente fiscal. Al reclamar, el fiscal César Cuba Huamaní —quien ahora también está siendo investigado— afirmó a la abogada que el informe era reservado.
Horas después, Carlos Wiesse llamó indignado a Gagó:
“¿Qué hace tu abogada chillando en la Fiscalía? ¡Te dije que esto es top secret!”
¿Cómo sabía Wiesse que la abogada había estado en la Fiscalía? ¿Cómo tenía un documento que el fiscal niega haber entregado? Todo apunta a un canal de comunicación directo y opaco entre Wiesse y el Ministerio Público. Gagó logró grabar conversaciones donde Wiesse incluso le prometía que podría hablar con el fiscal por WhatsApp para sellar el trato. Un operativo policial estuvo a punto de atraparlo en flagrancia, pero el fiscal encargado llegó con una hora y media de retraso, y Wiesse, como era previsible, ya había desaparecido.
¿Fue advertido? ¿Quién lo alertó? Todo indica que la red de impunidad no termina en Wiesse, sino que abarca a funcionarios del sistema de justicia que no solo lo protegen, sino que posiblemente lo utilizan como operador en la sombra.
¿Hasta cuándo?
Hoy, Carlos Wiesse Asenjo continúa libre, amparado por una cadena de sentencias suaves, medidas suspendidas, negligencias fiscales y vínculos con quienes deberían juzgarlo. La pregunta que debemos hacernos como sociedad es clara: ¿cuánto más daño puede infligir un solo sujeto, antes de que el Estado actúe como corresponde?
Las instituciones encargadas de protegernos han fracasado estrepitosamente. Los jueces que lo han dejado en libertad deben ser investigados por su parcialidad. Los fiscales que filtraron información o retrasaron operativos deben rendir cuentas. Y, sobre todo, el país necesita saber por qué alguien con un historial delictivo, psicológico y social tan destructivo ha podido mantener una vida pública activa, incluso cerca del poder.
Carlos Wiesse Asenjo no es solo un abogado violento. Es el reflejo más perverso de un sistema judicial que ha dejado de servir a los ciudadanos para volverse cómplice de sus agresores.
La justicia peruana tiene una última oportunidad de demostrar que aún sirve para algo. Si vuelve a fallar, el mensaje será claro: en el Perú, la ley no se aplica a quienes tienen contactos, poder o dinero, sino solo a los que no pueden defenderse.