Durante veinte años caminaba despreocupado por el país a pesar de haber tenido una orden de captura, pero su buena fortuna se acabó esta mañana cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) capturara a Cirilo Torres Pinchi (75), padre de la congresista Rosio Torres, en Tarapoto tras 20 años de encontrarse prófugo de la justicia.
El hombre de 75 años aparecía en el sistema del Programa de Búsqueda y Recompensas del Ministerio del Interior. El premio económico por el padre de la legisladora expulsada de Alianza para el Progreso (APP) era de S/ 20 mil.
Cirilo Torres Pinchi era un prófugo de la justicia y condenado por peculado de S/ 15 millones durante su gestión en la Dirección de Educación de Loreto (DREL) de 1999 al 2000.
En 2019, Torres Pinchi presentó un habeas corpus solicitando la prescripción del delito del que se le acusa, argumentando que ya había pasado el tiempo prudente para no continuar con la investigación.
Como se recuerda, el 19 de enero del 2001, se dictó la autoapertura de instrucción, disponiéndose el mandato de detención contra Cirilo Torres Pinchi y otros. Hasta la fecha era considerado como no habido, teniendo la condición de reo contumaz.
Congresista Rosio Torres estaría siguiendo el camino torcido de su padre
Como se recuerda, la congresista de la República, Rosio Torres, fue expulsada de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) debido a las carpetas fiscales en su contra por el presunto delito de lavado de activos y recorte de sueldos a sus trabajadores.
Según la carpeta fiscal No. 242-2014, la parlamentaria está incluida en este caso junto al excongresista, exgobernador regional de Loreto y esposo, Fernando Meléndez Celis, por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de actas de conversión y transferencia, actos de tenencia y ocultamiento derivados del tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado peruano.
De hecho, en la carpeta fiscal se indica que Torres habría trabajado con su familia para recolectar remesas económicas provenientes de empresarios cocaleros en el departamento de San Martín. Este dinero habría servido, finalmente, para financiar la campaña de Meléndez para ganar el Gobierno Regional de Loreto en 2014, lo cual terminó por suceder.
Mientras que, en el otro caso, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista como presunta autora del delito de concusión por los presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho.
La investigación también comprende a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra como presunto cómplice del referido delito.
En el reportaje, menciona que al menos cinco trabajadores o extrabajadores de su despacho parlamentario habrían sido obligados a depositar parte de sus sueldos a un familiar.
En el reportaje se menciona el caso de Cecilia Salazar Mattos, quien fue asesora de Torres de julio de 2021 a agosto del año pasado, y en ese periodo transfirió al familiar de la parlamentaria unos S/ 24 562.
Ante esta situación, la congresista Torres proviene de una familia que ha tenido problemas con la justicia.
