Cancillería y Comisión de Relaciones Exteriores, tal para cual

Por: Rafael Romero.

El cogobierno de Dina Boluarte y Keiko Fujimori paraliza el control político entre los poderes y determina que las comisiones congresales -en manos de Fuerza Popular- renuncien a su labor fiscalizadora respecto del Ejecutivo.

El ejemplo más ilustrativo de esta parsimonia cuestionable es la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, ayer nomás en manos de Alejandro Aguinaga y ahora bajo la presidencia de Auristela Obando Morgan. Lo cierto es que la labor política de este grupo parlamentario no es ni chicha ni limonada frente a la fiscalización que debería de ejercer sobre la Cancillería del Perú.

No hace mucho, el pasado 9 de setiembre, el canciller Elmer Schialer, estuvo en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero en ningún momento recibió de parte de los congresistas alguna pregunta o inquietud acerca de los temas que realmente le alcanzan al ciudadano y a la institucionalidad, pese a que el propio ministro Schialer les dijo, textualmente, que “las puertas del despacho están abiertas para tratar cuestiones puntuales o generales, según sea el deseo de los representantes del pueblo en esta casa congresal”.

Pese a esa flor lanzada por dicho ministro a los parlamentarios, la verdad es que todos ellos de consuno están lejos de la realidad y peor cuando se trata de ejercer el control político respecto de la probidad, la transparencia y la integridad dentro del servicio diplomático para provecho de las nuevas hornadas de funcionarios en Torre Tagle.

Así tenemos el caso del servidor Hugo Sotomayor Vergara, que ingresó en 1980 a laborar en la Cancillería, pero sus derechos laborales hoy están conculcados. También está pendiente la investigación a Néstor Popolizio, conocido como el canciller del Lagarto Vizcarra, por los complots contra el embajador Fortunato Quesada y el expresidente Alan García.

Respecto de esos problemas, tanto el ministro Schialer Salcedo, como los dos últimos presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores recibieron desde esta redacción cartas, correos y noticias, entre el 2023 y el 2024, pero jamás tomaron razón de los mismos. De manera que, si dentro de casa no se respeta la ley, ni los derechos humanos, ni la dignidad de la persona ni las normas laborales, entonces ¿con qué autoridad moral los ministros o congresistas hablan de Venezuela, de hermandad, de bienestar, progreso, integración, paz social o promoción de los valores democráticos e institucionales?

¿Cómo pueden ellos ponderar sobre el ingreso del Perú a la OCDE, o la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), sobre la Cumbre de Líderes de APEC, la Comunidad Andina o la cooperación multilateral, si no fiscalizan seriamente para que el servicio diplomático esté en manos de funcionarios verdaderamente íntegros e idóneos?

Es más, ¿cómo puede hablar el ministro Schialer “del profesionalismo de la diplomacia peruana y de su reconocimiento internacional”, dizque a partir de la contemplación de la “responsabilidad, los sueños y aspiraciones de nuestro pueblo”, cuando están pendientes de atención y de fiscalización el caso de Hugo Sotomayor o los complots contra el embajador Quesada (donde hay pruebas irrefutables) y contra el expresidente García. Estos tres casos socavan la institucionalidad de la Cancillería, así como dañan la imagen y el prestigio de Torre Tagle.

No se olvide que en diplomacia la forma es el fondo y la coherencia es un requisito de pulcritud, credibilidad y transparencia para la buena imagen y mejor prestigio de un país. Lamentablemente, existe un silencio cómplice del Congreso sumado a la ineficiencia diplomática que daña la institucionalidad. Y esto sucede cuando se sobreponen los intereses personales de una argolla por encima de la verdad, de la ley y de los intereses nacionales.

Haría un mejor trabajo el Congreso si actualiza y mejorta la Ley N° 28091 (Ley del Servicio Diplomático), sobre todo en su capítulo administrativo, en la normativa de los recursos humanos y en el quehacer consular, siendo clave, por ejemplo, especificar que el ascenso sea por resultados.

Obviamente, también se debe dar importancia al sistema disciplinario interno de la Cancillería para acabar con las argollas y los complots. Por ejemplo en el caso de Popolizio, De Zela y Rubín no debe primar la política del avestruz, no debe haber impunidad ni blindaje o encubriomiento como parece haber ocurrido durante las gestiones de los cancilleres Wagner, Maúrtua, Landa, Rodríguez Mackey y González-Olaechea.

Lamentablemente la mediocridad se instaló en el Estado y la ilegalidad copa todos los espacios de la administración pública. Y esto no está excento de escándalos, como el reciente acontecimiento de retirar al embajador José Betancourt Rivera del Perú en Egipto, por su mal comportamiento frente a altos funcionarios de dicho país. En el caso del embajador Betancourt, la embajada de Egipto en el Perú agradeció el retiro de dicho diplomático de El Cairo, lo que implica que las autoridades egipcias tácitamente lo declararon persona non grata. Esa situación inédita debería recibir la debida atención del Estado para que no se repita la inaceptable conducta del señor Betancourt, ni los complots contra el embajador Quesada y el ex presidente García.

En el caso Betancourt, la Cancillería debería abrirle un proceso disciplinario dada la gravedad de su mala conducta ratificada por el cónsul egipcio y ante el inusitado agradecimiento de la embajada de Egipto por el retiro de Betancourt.  Basta de tibieza en este caso, toda vez que Betancourt ya debería estar trasladado a Lima para rendir cuentas sobre su mal comportamiento mostrado con las autoridades oficiales egipcias.

Bajo ese contexto, cómo puede decir el canciller Schialer -frente a la comisión congresal de Relaciones Exteriores- que es posible “construir un futuro de paz, prosperidad y bienestar para nuestra nación y para las generaciones venideras”, cuando, por ejemplo, hoy el servidor adulto mayor Hugo Sotomayor está impedido de ascender por el hecho de no pertenecer a una argolla que sí cuenta con una resolución viceministerial casi fantasmal, siendo quien la suscribe el embajador John Camino, que no conoce su caso, mientras que sí figuran para ser promovidos los malos funcionarios que le malograron la carrera al ciudadano Sotomayor Vergara.

Mientras esas cosas sucedan no habrá un futuro de paz, de prosperidad ni de bienestar. Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores permanece dentro de una cápsula de cristal.