Por Rafael Romero / José Briceño
Desde esta redacción sabemos que, por lo general, a la administración pública le gusta agarrar el rábano por las hojas, y el Ministerio de Relaciones Exteriores no sería la excepción.
Ya alguien decía que el periodismo anda cincuenta años delante del derecho, y con mayor razón frente al derecho administrativo. Pues no se explica racionalmente, de cara a normas fundamentales de obligatorio cumplimiento, cómo la burocracia suele irse por las ramas en lugar hacer realidad la exigencia del Estado que consiste en hacer efectivos los derechos humanos, la integridad, probidad, la ética pública y la transparencia en todos los actos administrativos.
En este contexto llama la atención la edulcorada CARTA (ORH) N° 0-4-A/4021 del pasado 27 de noviembre de 2023, suscrita por el Embajador Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, don Augusto Ernesto Salamanca Castro, sobre la investigación periodística de varios medios respecto del llamado “Complot en Israel” o, como también se le conoce, el “Caso Fortunato Quesada”. Veamos.
Como se recuerda, recientemente varios medios de comunicación, entre ellos “Lima Gris”, abordaron noticias provenientes del Poder Judicial sobre la nulidad de las resoluciones firmadas por el entonces canciller Néstor Popolizio y el viceministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela, mediante las cuales se destituyó de forma ilegal y de la mala manera al embajador Fortunato Quesada.
Reiteramos, según el Poder Judicial, dichas resoluciones son nulas, y ese es un punto que reivindica a un funcionario como Fortunato Quesada, quien fue víctima de un complot gestado, planificado y ejecutado desde una argolla enquistada en el seno de la Cancillería, la misma que usó un programa dominical de televisión, el 17 de junio del 2018, con el objetivo de armar un escándalo mediático y así sacar del cargo al entonces embajador del Perú en Israel.
Si bien resulta amable la referida CARTA (ORH) N° 0-4-A/4021, el punto es el siguiente: ¿Qué hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado en su oportunidad por los cancilleres Maúrtua, Wagner, Meza Cuadra y Gervasi frente a la inconducta de quienes participaron en el complot, llámese Néstor Popolizio y Pedro Rubín, acaso ambos premiados uno como embajador en Praga y el otro como Cónsul General en Río Branco? Este es el quid del asunto a la luz de las pruebas que obran en la Cancillería y que no puede negarlas.
En consecuencia, no se trata de un tema judicializado o de un expediente en el Poder Judicial cuando existen ángulos funcionales prioritarios que van por cuerdas separadas y que la ley obliga a asumirlos desde los órganos de Integridad, Recursos Humanos, Control Interno y Ética Pública del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, en concordancia con las normas anticorrupción y contra la inmoralidad pública dictadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, máxime cuando esas pruebas irrefutables del complot obran en el acervo documentario de la diplomacia peruana instalada en Torre Tagle y cuyo prestigio todos debemos cuidar.
De manera que, si bien estimamos y consideramos desde esta redacción la atención que prestó la Oficina General de Recursos Humanos al Oficio N.° 009641-2023-DP/SSG, del 7 de noviembre de 2023 (Documento GCCFC-23-10553, con Código 1-0-B/569), mediante el cual, la Subsecretaría General del Despacho Presidencial le trasladó nuestra petición al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que tome conocimiento de las noticias publicadas sobre el “Complot en Israel”, así como para que evalúe la idoneidad del personal diplomático involucrado, sucede hoy que todavía existe la omisión de abordar este tema sensible y que debería hacerse por las siguientes consideraciones.
Uno, porque el caso fue nulo desde el inicio y se procesó administrativa y disciplinariamente a un funcionario como Fortunato Quesada sin que hubiera razón alguna para hacerlo ya que las supuestas pruebas en su contra fueron ilegales. Dos, está a la mano de la Cancillería el Informe de la Comisión de Disciplina N° 006/2020 que incluyó las declaraciones del propio Rubín, donde obran pruebas de que el complot existió. Tres, están individualizados los responsables, obviamente con nombre propio y roles específicos desempeñados, quedando hoy en funciones dos de los cuatro involucrados, ya que José Boza falleció el año pasado y Hugo de Zela se encuentra en situación de retiro.
No obstante, existe un cuarto factor y es que ahí está el “Informe (ORH) N° 011-2020-UARD/MRE”, firmado por la funcionaria Fátima Trigoso Sakuma, ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, en respuesta a la Hoja de Trámite (GAC) N° 1321, de 02 de setiembre de 2020.
En quinto lugar, están los 31 folios donde aparecen los chats que revelan todo el plan y las ilegalidades que se iban a hacer para editar pruebas falsas, denunciar y destituir injustamente a Fortunato Quesada, folios que fueron visados oficialmente y fedateados por el jefe de la sección consular Víctor Alejandro Reynoso.
Pero, en sexto y séptimo lugar, están -respectivamente- las entrevistas realizadas en el programa “Habla el Pueblo”, la primera el 8 de agosto pasado, al chef Jesús Alvarado Zegarra, quien trabajó en la embajada de Israel y denunció todos los detalles de la conspiración; y la segunda entrevista al propio embajador Fortunato Quesada y al referido chef Alvarado, del 18 de setiembre del presente año, aportando nuevas pruebas sobre el caso.
Hay, entonces, evidencia de sobra para corregir la vulneración de derechos perpetrada desde una argolla enquistada en el Estado peruano y revelar toda la verdad sobre dos de los cuatro protagonistas de una trampa que no debe quedar impune, ya que la impunidad es otra forma de corrupción.
Por tanto, al margen de la CARTA (ORH) N° 0-4-A/4021, ya que la Cancillería no es una institución infalible, es hora que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, que viene del mundo de la docencia, la investigación, la academia y el análisis periodístico de temas cruciales de Estado, marque la diferencia respecto de sus antecesores y refresque Torre Tagle con moralidad ejemplar, para reinventarla o reinstalarla en el sitial que antes tuvo la diplomacia peruana frente al concierto de las naciones.
De modo que, en virtud de las normas de los derechos humanos, de la nueva visión y estructura en la función pública y de la gestión de calidad, urge se pondere la integridad, la probidad, la excelencia en el servicio público, el respeto de la ética y la transparencia, mucho más de cara a brindar un buen ejemplo para las nuevas generaciones de diplomáticos, aquellos que están en formación y constituirán las nuevas hormadas de embajadores del Perú, no permitiendo por más tiempo la impunidad.
La inacción es una forma de corrupción y desgraciadamente socava la institucionalidad de la Cancillería cuando legalmente es factible la figura de la revocatoria y posterior reposición al servicio activo del embajador Quesada. Si el ministerio cometió un error, hoy probado palmariamente, contra este funcionario, tiene que tener esa misma Cancillería la capacidad de enmendar dicha situación, basada en los valores y principios ético morales, más aún que la conspiración contra Quesada existió y las pruebas irrefutables lo demuestran, tal como lo señalamos en esta columna.
