¿Qué autoridad moral e institucional tiene un ministerio si en su sector hay argollas, vacas sagradas y reina la impunidad? ¿Eso es lo que pasa en el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿No es acaso un escándalo darle mensualmente S/ 70,000 a Néstor Popolizio Bardales por su cargo de embajador en República Checa?
Del 2018 al 2019 Popolizio fue el canciller de Martín Vizcarra. En su gestión hay hechos objetivos y pruebas irrefutables que lo involucran en los complots contra el embajador Fortunato Quesada y el expresidente Alan García, a quien el vizcarrato impidió que sea un asilado político en Uruguay.
Pero este funcionario de la Cancillería, según diversas fuentes, suele moverse astutamente por los corrillos del poder y sobre todo en un grupo cerrado de la diplomacia peruana, cuya imagen desde el caso Fortunato Quesada a la fecha ha decaído estrepitosamente, siendo los responsables de ese desprestigio los gobiernos de Vizcarra y de Pedro Castillo. Precisamente, fue Castillo quien nombró a Néstor Popolizio —el 15 de diciembre del 2021— en el cargo de embajador de Perú en República Checa, puesto que mantiene desde entonces cobrando S/ 70,000 al mes.
Es decir, Popolizio gana el doble que un juez supremo de la República, el doble que el contralor y el doble que el presidente del BCR. Es más, resulta cuestionable que Popolizio gane mucho más que otros embajadores. Por si fuera poco, un hermano de Popolizio también hace años goza de un buen puesto en un consulado de Estados Unidos. ¿Por qué tanta belleza o consideración para el servidor público Popolizio?
Muchos se preguntan si frente a esta clase de hechos contrarios a la austeridad, probidad e integridad que predica la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene ahora la Cancillería la autoridad moral para que su titular vaya por un “road show“ mediático exigiendo fiscalizar a las ONG, y sobre todo cuando Torre Tagle no se fiscaliza a sí misma.
Ahora bien, tampoco la Cancillería tendría la autoridad moral para denunciar el “injerencismo” de algunos organismos internacionales y de países europeos en asuntos internos del Perú, si hasta la fecha no hace nada frente a los escandalosos cuestionamientos sobre Néstor Popolizio. Por tanto, es hoy una institución incoherente, donde se practica el doble discurso, uno para el exterior y otro para el medio local.
Pero el tema debería ser más sencillo pues más allá de frasear “fiscalización a las ONG” o por encima de denunciar el “injerencismo de los organismos internacionales en asuntos del Perú”, la Cancillería debería tener una sola voz y practicar actos coherentes con la integridad y elocuentes con el buen gobierno.
Lo que debería definir a una Cancillería y la política exterior de Dina Boluarte, es la transparencia y no el doble rasero ni el doble estándar. Torre Tagle no puede exigir “fiscalización a las ONG” ni cuestionar “el injerencismo de los organismos internacionales”, si en su propia sala o cocina premia el complot, el encubrimiento y la impunidad. Para muestra un botón, que no es otro que el caso Popolizio, el mismo que genera reproche entre las nuevas hornadas de los diplomáticos peruanos ya que esos complots, de los cuales se lo señala como protagonista a Popolizio, contienen abundante documentación incriminatoria al punto de configurar un baldón para la imagen y el otrora prestigio internacional de la Cancillería.
Incluso estudiantes de la academia diplomática resienten con ese tipo de affaires, como el caso Popolizio, y saben perfectamente que por transparencia y honestidad institucional no se debería premiar a nadie con un sueldo de S/ 70,000. De manera que, ante esa clase de hechos, la palabra de la presidente Dina Boluarte y la del propio canciller Javier González-Olaechea sobre el “injerencismo” caen en saco roto y hacen el ridículo en el ámbito internacional.
Peor cuando documentos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, correspondientes a los PAD’s contra los diplomáticos José Boza y Pedro Rubín, así como las investigaciones a los exservidores Romina Tevez y Jesús Alvarado, revelan que Popolizio ordenó un complot desde Lima, con el objetivo de sacar del cargo de embajador del Perú en Israel a Fortunato Quesada. Todo eso pesó para que el Poder Judicial, en sentencias de primera y segunda instancia, anule la resolución ministerial firmada por Popolizio con la cual sacó de la carrera diplomática en menos de 10 días a Quesada.
Por tanto, sería más realista, más transparente y tendría mayor legitimidad que la Cancillería enfrente la impunidad de la que hace gala Popolizio antes que siga con los galimatías en torno al “injerencismo” de los organismos internacionales y la demonización de las ONG’s.
No obstante, el decoro es algo que no se debe perder, por lo que Popolizio, a la luz del sueldo exorbitante de embajador frente a sus colegas, y ante los cuestionamientos que existen por su cercanía a Vizcarra y el cargo premial recibido de Pedro Castillo, debería dar un paso al costado, junto a quienes lo acompañan en Praga: el ministro consejero Carlos Mario del Castillo Giufra y el segundo secretario Carlos Enrique Wiegering Valcárcel (jefe de sección consular de la Embajada del Perú en República Checa).
En esta historia, es pertinente preguntar ¿cómo la Cancillería y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por Alejandro Aguinaga, dicen buscar la transparencia y allanar el camino del Perú a la OCDE, cuando existen graves denuncias de ciudadanos como el exservidor Jesús Alvarado, señalando a Popolizio de ser el autor de un complot perpetrado desde Torre Tagle, hecho que deja mal parado el profesionalismo y el prestigio de la diplomacia peruana? ¿Qué han hecho al respecto las autoridades?
Hay vacas sagradas en la Cancillería y eso lo sabe la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Pero, ¿seguirá primando la impunidad en el gobierno de Dina Boluarte, que dirige la política exterior del Perú, y continuará el silencio del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén? Creo que este tema de la falta de probidad y transparencia dentro de la Cancillería, debería ser evaluado por las ONG APRODEH, IDL y la CCNNDDHH, puesto que en el caso de Fortunato Quesada hubo una violación a sus derechos humanos y a su dignidad de trabajador.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, ya que habla en un comunicado ponderando acerca de la transparencia y de la importancia de la candidatura del Perú para ingresar a la OCDE, ¿no debería también empezar fiscalizando a Néstor Popolizio para saber si es idóneo e íntegro como para seguir de embajador en República Checa ganando más de S/ 70,000 al mes?
Señores de la presidencia de la República, de la PCM, de la Cancillería y del Congreso, ¿claridad de la calle y oscuridad de la casa? No olviden que se predica con el ejemplo y, por la buena imagen internacional del Perú, deberían de ser más consecuentes y coherentes antes de lanzar comunicados. Luchar contra la impunidad (de Popolizio o quien fuere), ¿no es tan importante como fiscalizar a las ONG? ¿El canciller actual no hace nada al igual que sus cinco predecesores en el puesto?