Cambios en la ATU: Jaime Romero Bonilla se convierte en su nuevo presidente

Cambio de timón. El Gobierno oficializó ayer el cambio en la presidencia del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, organismo encargado de organizar y gestionar el sistema integrado de transporte en la capital. A través de la Resolución Suprema n.° 006-2025-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano, se aceptó la renuncia de David Hernández Salazar como miembro y presidente del Consejo Directivo de la entidad.

En el documento, refrendado por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se agradece a Hernández Salazar “por los servicios prestados”, sin dar mayores explicaciones del porqué de su repentina salida.

Poco después, mediante la Resolución Suprema n.° 007-2025-MTC, el Ejecutivo designó a Jaime Francisco Romero Bonilla como nuevo miembro y presidente del Consejo Directivo de la ATU, conforme a la propuesta del MTC.

Romero Bonilla asumirá la Presidencia Ejecutiva del organismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N.° 30900, que establece la estructura directiva de la ATU. Dicha norma señala que el Consejo Directivo está conformado por ocho miembros designados por un período de cinco años, y que el presidente del Consejo ejerce también la función ejecutiva de la entidad.

La designación de Romero se sustenta en lo establecido por la legislación vigente, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos, así como los reglamentos internos del MTC y de la propia ATU.

Nuevo presidente de la ATU viene siendo investigado

En 2023, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao solicitó una condena de 5 años y 11 meses de prisión efectiva contra el entonces gobernador regional del Callao, Dante José Mandriotti Castro, por el presunto delito de colusión agravada.

La acusación también incluyó al entonces gerente general del Gobierno Regional, Jaime Romero Bonilla, y otros funcionarios, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios durante el XI GORE Ejecutivo en 2019.

Según la tesis fiscal, se habrían contratado proveedores allegados y sobrevalorado servicios no justificados, generando un perjuicio económico de S/ 32,348 al Estado. La acusación se sustenta en 34 elementos de convicción, incluyendo informes del Órgano de Control Institucional (OCI) que detectaron sobrevaloraciones de hasta 200 % en algunos servicios.