Bloquear carreteras y vías fluviales ahora podrían ser penalizados hasta con 15 años de cárcel

Vías libres. El Consejo de Ministros aprobó el Decreto Legislativo (DL) 1589, que modifica el Código Penal para garantizar la seguridad y tranquilidad pública en el país con medidas que agravan las penas para aquellas personas que bloqueen importantes vías de comunicación.

Se establecen penas de hasta 15 años de prisión por el delito de disturbios, así como para quienes atenten contra la integridad y la vida de las personas o la propiedad pública o privada y colaboren en actos que entorpezcan o causen graves daños a las infraestructuras del país.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, explicó que el decreto sanciona la afectación de las vías terrestres y fluviales, y de la infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, y la vinculada con la distribución de energía, hidrocarburos y minerales, entre otras.

“Es hora de que respondan por los actos aquellos que pretender cortar, suspender o afectar los derechos de todos los peruanos”, recalcó.

La disposición legal también condena, con no menos de ocho ni más de 10 años de prisión, a quienes causen graves daños sobre los recursos, las infraestructuras y los sistemas esenciales para el desarrollo y el mantenimiento de las capacidades vinculadas con servicios públicos.

Además, contempla hasta seis años de cárcel a los que de manera voluntaria colaboren con el delito de disturbios mediante la provisión de bienes muebles, objetos o instrumentos, o de la aportación de recursos financieros.

“El marco legal ahora es bastante claro. Hacemos un llamado a las autoridades competentes, en este caso al Ministerio Público, para que a partir de la fecha, con este nuevo marco penal, apliquen las penas”, dijo.

Por su parte, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló que las modificaciones al Código Penal buscan penalizar actos que abusan de las manifestaciones con el fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Enfatizó que el aumento de penas para los delitos de bloqueo de carreteras, así como entorpecimiento de servicios públicos, tiene como objetivo proteger a la ciudadanía y los bienes públicos y privados. 

“La norma tiene un valor muy importante porque está orientada a la ciudadanía. Es importante que se entienda que este decreto está orientado a proteger a la ciudadanía, pero también a proteger los bienes”, señaló.