Benavides y la UTP ¿el temor a una doble caída?

Ad portas de la interpelación al ministro de Educación Martín Benavides por el caso de los licenciamientos de las sedes de las universidades UTP y UPAL, el actual jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, salió en diversos medios a defender a Benavides difundiendo una idea fuerza: “Creo que hay una concertación que ha tomado como pretexto a la persona del ministro de Educación, Martín Benavides, atacándolo fuertemente. Es una persona honorable, un profesional de éxito. ¿Por qué lo atacan?” y en lo que parece ser una desesperada defensa el médico que ejerce como jefe interino de la Sunedu, arremetió, incluso, contra las más altas autoridades. En efecto, un titular en el diario El Comercio recoge esta declaración de Zegarra: “No escucho al presidente ni al primer ministro defender la reforma universitaria”.

Asimismo, en la defensa previa a la interpelación, el jefe de la Sunedu que reporta a Benavides, se esmeró en señalar que, en el caso del cuestionado licenciamiento de la UTP, la Sunedu “verificó presencialmente que estas filiales cumplieran con todas las condiciones básicas de calidad exigidas para lograr su licenciamiento”. La extraña defensa de un caso específico ha terminado por destapar una realidad que desvela a Martín Benavides: el licenciamiento de la UTP. Según varios indicios y la opinión de expertos, estaría viciada de nulidad y por eso la desesperada defensa y las visitas a medios de comunicación en las últimas dos semanas tanto de Benavides, defendiendo su gestión en Sunedu, como la de Oswaldo Zegarra su reemplazante ocasional en el cargo.

Lo que tratan de ocultar

Las diversas denuncias publicadas en Lima Gris dieron lugar al pronunciamiento del Contralor General de la Nación, Nelson Shack, quien anunció “Vamos a trabajar intensamente e intervenir en diferentes instituciones y no solo en el caso de la Sunedu”. Uno de los casos a investigar es el irregular licenciamiento de la UTP y el temor es que, si las investigaciones llegan a la conclusión de que en la gestión de Benavides se dio un licenciamiento ilegal a la UTP, esto automáticamente invalidaría el licenciamiento total. Esto significa que la sede central de la UTP en Lima y sus filiales en provincias estarían operando con un licenciamiento que no tiene validez.

En efecto, según las reglas dispuestas por la propia Sunedu, todo proceso culmina en un Licenciamiento Institucional. En la página web de la Sunedu se puede leer el concepto impuesto por ellos: “El Licenciamiento Institucional es un procedimiento obligatorio para todas las universidades del país, a través del cual cada casa de estudios debe demostrar ante la SUNEDU que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para poder brindar el servicio educativo”.

Dicho concepto significa que la licencia se aprueba para toda la institución. Esto quiere decir que no existe el licenciamiento individual. Es decir, no se puede pedir licencia para la sede central y otro trámite para cada filial. Es un solo proceso para toda la institución. Por lo tanto, basta que una sola filial no haya cumplido con los requisitos para que el íntegro del licenciamiento carezca de valor.

Esta fue una exigencia constante de la Sunedu en todos los procesos y, por esa razón, muchas universidades fueron desistiendo de presentar locales y filiales que podían ser desaprobados porque si un solo local no contaba con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) eso daba lugar a la denegatoria de todo el licenciamiento solicitado y la universidad ingresaba a un proceso de cese de actividades. Esta fue la disposición del reglamento implementado por el propio Martín Benavides en el año 2018. ¿Por qué no se le aplicó a la UTP?

La UTP no cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad

Teniendo en cuenta lo antes señalado, basta dar una mirada a la filial de la UTP en Ica, uno de los casos que ha sido difundido en diferentes medios a nivel nacional. La filial de Ica tiene como código de local F05L01 y en el Informe Técnico de Licenciamiento figura como “Pendiente de licenciamiento”. Además, en el gráfico de ubicación de locales en Provincia, esta aparece, en el citado informe, como si tuviese construido el primer piso. Sin embargo, en la realidad, al 15 de junio del 2019 —cuando Benavides ya había firmado el licenciamiento para la UTP— en el terreno no existía nada construido, era un lote vacío tras haber sido derruido el local del cine UVK. Esta es la toma fotográfica de Google Earth de fecha 15 de junio de 2019.

La situación es muy grave y eso es lo que mantiene muy preocupado a Benavides por las responsabilidades que ello acarrearía y esa es la razón por la cual el ministro de Educación arremete en sus tours mediáticos contra las investigaciones que van demostrando, entre otras cosas, que la sede de Ica de la UTP recién se terminó de construir y equipar en marzo de 2020 y el licenciamiento se le dio, ilegalmente, en junio de 2019. Un vicio que acarrea la nulidad de toda la licencia y el impedimento para funcionar de toda la institución llamada UTP —sede central en Lima y filiales en provincias—.

¿Quién realizó el Informe Técnico de Licenciamiento de la UTP?

El Informe Técnico de Licenciamiento fue efectuado y firmado por el funcionario Cristhian Alberth Pacheco Castillo, Coordinador General Técnico de Licenciamiento y por Ana María del Pilar Ríos Sosa, Jefe del Sub Equipo de Trabajo. Hay que señalar que Pacheco Castillo no es un profesional en materia educativa, tampoco tiene formación en el funcionamiento de instituciones pedagógicas. Pero aun así ejerció la función de Coordinador General Técnico de Licenciamiento, sin tener un título profesional, pues, solamente es bachiller en Ingeniería de Sistemas pasando por alto que el perfil profesional exigido para el cargo supone tener título profesional y una maestría.

A pesar de todo lo mencionado, el 12 de junio de 2019, y mediante Resolución del Consejo Directivo N° 081-2019-SUNEDU/CD, firmada por Carlos Martín Benavides Abanto, Superintendente de la Sunedu, se le otorgó la Licencia Institucional a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Denunciar estas irregularidades no es atacar a la reforma universitaria, tampoco es abogar por universidades que no merecen ser licenciadas, es, simplemente, exigir el respeto a la ley y el cese de actos que evidencian una presunta corrupción.