Basta ver el caso Quesada para que Dina Boluarte no pueda sostener que su gobierno es “decente y honesto”

Por Rafael Romero Vásquez

Recientemente se realizó en palacio de gobierno una reunión donde la primera mandataria citó a las más altas autoridades del país, pero no convocó a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esto motivó un comunicado desde el Ministerio Público haciendo ver esa grave omisión. Asimismo, en un acto público Dina Boluarte dijo muy suelta de huesos que representa a un “gobierno decente y honesto”.

No obstante, recordando a Manuel González Prada, en el país “donde se pone el dedo, salta la pus”, pues basta revisar cualquier sector del gobierno nacional para encontrarnos con sancochados y entripados, llámese MINEDU, MINCUL, MTC, Salud o Vivienda y Construcción.

Sin embargo, hay un sector que por muchas décadas pasó piola, como se dice en el argot popular, hasta que reventó el denominado caso Fortunato Quesada, y a partir de la lucha de este valiente ciudadano se reveló una argolla de vacas sagradas que hacen y deshacen a su antojo en los perfumados ambientes de la Cancillería.

De manera que, ante los dichos palaciegos, en el sentido de que para Dina Boluarte su gobierno es “decente y honesto”, desde esta redacción hace una semana enviamos una carta múltiple a las altas autoridades del Estado, cuyo tenor es el siguiente:

CARTA MÚLTIPLE A LAS AUTORIDADES DE ESTADO

Lima, miércoles 9 de julio del 2025

A la presidenta de la República, Dra. Dina Boluarte

Al presidente del Congreso de la República, Dr. Eduardo Salhuana

A la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello

A la Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza

Al presidente del Consejo de Ministros, Dr. Eduardo Arana

Al señor Contralor de la República, Dr. César Enrique Aguilar

Al presidente de SERVIR, Dr. Guillermo Valdivieso

Reciban un respetuoso saludo y a la vez la preocupación de un ciudadano y periodista peruano con relación a la forma cómo se viene deteriorando el orden legal, la transparencia y la función pública, fortalezas del Estado de Derecho que ceden ante la corrupción administrativa, la arbitrariedad y la impunidad.

Hace un par de días, desde el despacho presidencial, se señaló que el actual gobierno es “decente y honesto”. No obstante, como ejemplo de una realidad diferente basta recordar el caso Fortunato Quesada Seminario, el cual, a través de las investigaciones de periodistas, entre quienes destaca Herbert Mujica, merece la atención de los altos funcionarios del Estado para su respectiva actuación en lo que corresponda según sus atribuciones y competencias, por lo siguiente:

1.- La Casación N° 18558-2024 evacuada por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, anuló sendas resoluciones promovidas por el entonces canciller Néstor Popolizio (Resolución Ministerial N° 0791-2018-RE) y su vicecanciller Hugo de Zela (Resolución Vice Ministerial N° 0373-2018-RE) con el objetivo de destituir del cargo de embajador del Perú en Israel, al citado diplomático Fortunato Quesada.

2.- Se demostró en sede administrativa y jurisdiccional que se realizó por parte de funcionarios de la Cancillería del Perú un plan conspirador o complot con el objetivo de realizar grabaciones ilegales y sembrarle hechos al referido diplomático Fortunato Quesada, a fin de justificar un procedimiento administrativo sancionador (Informe de la Comisión de Disciplina N° 006/2020), donde se involucró a un canal de Televisión (Panamericana) y a un programa dominical (Panorama) con el objetivo perverso de festinar un escándalo el domingo 17 de junio del 2018 y sacarlo del cargo de forma exprés con resoluciones que el Poder Judicial acaba de anular con la referida casación.

3.- Según la abundante documentación oficial administrativa, judicial y fiscal existente, revelada en diversos medios de comunicación escrita, radial y televisiva, se evidencia la existencia de un grupo de poder dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir del Informe de la ORH N° 011-2020, firmado por la ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, Fátima Trigoso, grupo aquél conformado por los señores Néstor Popolizio, Hugo de Zela, Pedro Rubín y José Boza (actualmente fallecido), quienes participaron directa o indirectamente de un complot corroborado con pruebas irrefutables ventiladas en el referido ministerio.

Lamentablemente, ninguno de los cancilleres hasta el presente (Óscar Maurtua, Meza Cuadra, Wagner, Landa, Rodríguez Mackey, Gervasi, González-Olaechea, etc.), han tomado cartas en el asunto, pese a existir los “Registros de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos” en dicho complot, fedateados en sus 31 folios por el jefe de la sección consular en la embajada del Perú en Israel, agravándose con esas omisiones el tema para sanear el servicio diplomático y evitar la concurrencia de “vacas sagradas” que conspiran contra los principios de ética pública e integridad en el Poder Ejecutivo, algunos de los cuales, que participaron en el complot contra Fortunato Quesada, han sido premiados con prestigiosos cargos en la Cancillería.

4.- Tras siete años de litigio, se abre el camino de la restitución del embajador Quesada en el servicio diplomático, y la urgencia de reorganizar y adecentar dicha función pública de cara al prestigio institucional de Torre Tagle, de la Academia Diplomática y frente a las nuevas promociones de servidores de la Cancillería del Perú. Lamentablemente, durante la gestión del ministro Elmer Schialer, desde su despacho se habrían cometido imprudentes decisiones como mantener como asesor al señor Hugo de Zela, pese a haber quedado descolocado por la Casación del Poder Judicial, al haberse anulado su resolución viceministerial, y por haber dado -el señor Schialer- un supuesto trato privilegiado y ventajoso al embajador José Betancourt (que tuvo reciente función en Egipto y fue investigado por los periodistas Ricardo Mc Cubbin, de la agencia de noticias INFOBAE; y Jonathan Castro, de La Encerrona), pues a dicho embajador, a diferencia del caso Quesada, se le habría tendido alfombra roja y premiado, pese a haber cometido actos que podrían merecer un proceso administrativo disciplinario por su función en El Cairo (Egipto).

Es decir, el ministro Schialer habría dado un trato desigual y benigno tanto a los señores Hugo de Zela como a José Betancourt, en desmedro del caso público denominado Fortunato Quesada, quien desempeñó función en Tel Aviv (Israel). ¿El canciller Elmer Schialer en la práctica premia a De Zela y Betancourt pese a los cuestionamientos públicos revelados por medios periodísticos como Diario Uno, La Revista Lima Gris, INFOBAE y “La Encerrona”, entre otros medios de comunicación?

5.- La Fiscalía ya inició investigaciones sobre el personal cuestionado de la Cancillería, pero esto no es usual ni común -en comparación con los países amigos de América y del mundo- que un hecho de esa naturaleza ocurra frecuentemente, por lo que urge que las demás instancias públicas contribuyan dentro de sus respectivas prerrogativas y funciones a sanear la administración y a curarnos en salud como sociedad para evitar la existencia de una argolla de poder y de futuros complots teledirigidos desde Lima hacia cualquier embajada peruana en el exterior.

Es hora de coadyuvar todos los peruanos en la lucha contra la inmoralidad, contra la falta de valores y principios, la falta de decencia e integridad que ha llevado a una degradación institucional en la Cancillería. Por eso, ¿el Canciller Elmer Schialer le habrá contado este nefasto episodio de la diplomacia peruana a usted, señora presidenta Dina Boluarte? ¿Hay impunidad, blindaje y encubrimiento a Popolizio, De Zela y Rubín? A la luz de esta historia, donde existen denuncias serias como la del exservidor de la Cancillería en Tel Aviv, el chef Jesús Alvarado, la actuación de Popolizio, De Zela y Rubín ¿no ha sido desleal, dañado el prestigio y la imagen del servicio diplomático al ordenar o coordinar grabaciones ilegales, al premeditar un escándalo mediático en el programa Panorama y un complot inaceptable contra el embajador Quesada o cualquier otro ciudadano?

Finalmente, en el contexto de la reciente declaración presidencial acerca de que el gobierno es “decente y honesto”, hago de vuestro conocimiento este caso y solicito se tomen cartas en el asunto, por parte de sus respetivos despachos, con el ánimo positivo de que todos, ciudadanos y autoridades, contribuyamos con quien dirige y conduce la política exterior del Perú y en su calidad de personificar a la nación, sobre todo frente a un caso emblemático de lucha contra la impunidad y la supuesta corrupción administrativa, formulando votos para que desde sus altas investiduras obren conforme a sus atribuciones y competencias en lo que sea menester

Patrióticamente,

Rafael Romero Vásquez”

Así concluye dicha carta y esperamos que las autoridades a las cuales se les remitió interpongan sus buenos oficios y actúen en el marco de sus atribuciones en la lucha contra la corrupción.