Por Jorge Paredes Terry
La presidenta Dina Boluarte ha sorprendido al país con un anuncio que, en principio, parece contundente: está considerando seriamente la implementación de la pena de muerte como herramienta para combatir la delincuencia organizada y desbordada que aqueja al Perú. Sin embargo, antes de que este anuncio se convierta en otro «cohete lanzado al aire» una de esas promesas grandilocuentes que luego se diluyen en la inacción, es importante analizar qué implicaría realmente llevar esta medida a cabo y qué pasos concretos debería seguir el gobierno para que no quede en una mera declaración mediática.
1. Reforma constitucional: el primer paso ineludible
La Constitución Política del Perú de 1993 establece en su artículo 140 que la pena de muerte solo puede aplicarse por traición a la patria en caso de guerra y por terrorismo. Para extender su aplicación a otros delitos, como los vinculados a la delincuencia organizada, es necesario modificar la Carta Magna. Esto implica:
– Mayoría calificada en el Congreso: Se requiere la aprobación de dos tercios del Parlamento (87 votos) para reformar la Constitución. Esto significa que el gobierno debe construir consensos políticos, algo que no ha sido precisamente su fuerte.
– Debate público y técnico: La reforma no puede ser apresurada. Debe incluir un amplio debate con expertos en derecho, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil para evaluar sus implicaciones.
2. Cumplir con los tratados internacionales
Perú es signatario de tratados internacionales que limitan el uso de la pena de muerte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para implementar esta medida, el gobierno tendría que:
– Denunciar o renegociar tratados:Esto implicaría un proceso complejo y podría aislar al Perú en el escenario internacional.
– Garantizar estándares de derechos humanos: Aún en casos extremos, el Estado debe asegurar que no se violen los derechos fundamentales, como el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.
3. Fortalecer el sistema judicial
Uno de los mayores riesgos de la pena de muerte es la posibilidad de errores judiciales. En un sistema con fallas estructurales, como el peruano, este riesgo es aún mayor. Para minimizarlo, el gobierno debería:
– Invertir en el Poder Judicial: Mejorar la capacitación de jueces, fiscales y policías para garantizar investigaciones rigurosas y procesos transparentes.
– Evitar la corrupción: Implementar mecanismos para prevenir la influencia de grupos criminales en las decisiones judiciales.
– Crear salvaguardas: Establecer instancias de revisión y apelación exhaustivas para evitar condenas injustas.
4. Definir criterios claros y limitados
La pena de muerte no puede ser una medida aplicada de manera arbitraria o populista. Para que sea efectiva y justa, el gobierno debe:
– Delimitar los delitos aplicables: Establecer de manera precisa qué crímenes serían susceptibles de esta pena (por ejemplo, narcotráfico a gran escala, asesinatos en masa, terrorismo en todas sus modalidades, crímenes atroces).
– Evitar su uso discriminatorio: Garantizar que no se aplique de manera desproporcionada contra grupos vulnerables o minorías.
5. Enfocarse en las causas estructurales del crimen
La pena de muerte, por sí sola, no resolverá el problema de la delincuencia organizada. Para que esta medida no sea una simple distracción, el gobierno debe complementarla con acciones concretas que ataquen las raíces del crimen:
– Lucha contra la corrupción: La delincuencia organizada florece en entornos corruptos. Es esencial fortalecer las instituciones y sancionar a los funcionarios coludidos con el crimen.
– Inversión social: Mejorar las condiciones de vida en las zonas más afectadas por la delincuencia, con programas de educación, empleo y salud.
– Inteligencia policial: Limpiar de malos elementos y modernizar las fuerzas del orden para desarticular redes criminales desde su base.
6. Transparencia y rendición de cuentas
Si el gobierno decide avanzar con esta medida, debe hacerlo con total transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber:
– Cómo se implementará: Detalles sobre los procesos judiciales, las garantías para los acusados y los mecanismos de supervisión.
– Cuáles son los resultados: Informes periódicos sobre el impacto de la medida en la reducción de la delincuencia.
Vamos a darle el beneficio de la duda a esta señora.
Dina Boluarte tiene la oportunidad de demostrar que su anuncio no es otro «cohete lanzado al aire», sino una propuesta seria y bien fundamentada. Sin embargo, la pena de muerte no es una solución mágica. Su implementación requiere un esfuerzo enorme en términos políticos, jurídicos y sociales, y debe ir acompañada de medidas integrales que aborden las causas profundas de la delincuencia.
Si el gobierno realmente quiere combatir el crimen organizado, debe dejar de lado las distracciones y enfocarse en acciones concretas y sostenibles. De lo contrario, esta propuesta no será más que otra promesa incumplida en un país que ya está cansado de escuchar palabras vacías. Basta de lanzar cohetes al aire, señora. Es hora de actuar con seriedad y responsabilidad.
