Basta de inmunidad presidencial

Es sabido que en nuestro país poner en discusión el tema de la ‘inmunidad presidencial’ es todo un tabú; considerando que diversos intelectuales del derecho, entre ellos, curtidos constitucionalistas y expertos estudiosos de la hermenéutica constitucional habitualmente salen a protestar y aseveran que no se puede atentar contra una prerrogativa universal que refrenda la Teoría del Estado que indefectiblemente debe estar sujeta a la Constitución. Es decir, el Derecho Internacional sitúa al principio de inmunidad de los jefes de Estado como uno de sus pilares.

Y en nuestro país esta inmunidad presidencial está refrendada y garantizada por el artículo 117° de la Constitución Política, que señala: “El presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver la Cámara de Diputados, salvo en los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución, y por impedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras del Congreso, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Sin embargo, dicha inmunidad durante las últimas décadas se ha convertido en un instrumento grosero de blindaje que ha continuado protegiendo a presidentes corruptos e inmorales. ¿Acaso desde el fujimorato hasta el boluartismo no se ha ‘blindado’ a la figura presidencial? ¿Acaso esta ‘mal entendida inmunidad’ no se ha convertido en todo un despropósito?

Así las cosas, se insiste en mencionar que en Perú la ley es igual para todos (artículo 2° inciso 2 de la Constitución); cuando en realidad, es una mera falacia.

Nadie en su sano juicio debería discutir que la ‘investidura presidencial’ debe ser solemnemente respetada, bajo todo concepto. Porque de esa manera se rinde honor al cumplimiento que debe ejercer todo ciudadano que se precie de vivir en un Estado de derecho. Pero al mismo tiempo, el pueblo también goza de soberanía, por lo tanto, no debe, ni puede ser menoscabado por sus autoridades que le pidieron un voto de confianza como sufragistas. Y cuando esta autoridad presidencial, ya estando en el poder comete actos que van contra la moral y contra la propia administración pública, inmediatamente, rompe su condición como tal, y pierde toda legitimidad. Aunque algunos “abogados del diablo” salgan a defenderlo, argumentando la trillada premisa, “una cosa es la legitimidad y otra la legalidad”.

Todos los “involucrados” han venido difundiendo últimamente esa dinámica: —que se atenta contra el principio de inocencia—que se debe respetar el debido proceso—y que nadie es culpable hasta que la justicia demuestre lo contrario, luego que concluya un proceso que mediante sentencia firme ratifique la supuesta culpabilidad—.

Asimismo, ellos piden no manchar sus honras, porque dizque el nombre y el honor son invaluables. Por ello, como herramienta amedrentadora los políticos más cuestionados son los que interponen múltiples querellas contra sus denunciantes para hacer creer que están enlodando sus embusteras imágenes. Mientras tanto, continúan las tropelías desde sus oficinas en el aparato estatal y nadie puede hacer nada al respecto.

¿Acaso es poca cosa haber tenido 8 presidentes procesados por actos de corrupción? Y no pongo—presuntos—porque desprecio esa letanía que dicta que no se puede afirmar algo hasta estar bien seguros de lo que se dice. Así funciona la convivencia en nuestra sociedad, que, para evitar ganarse enemigos, se debe procurar ser ‘políticamente correctos’ al momento de emitir opiniones. Mientras, tenemos que soportar a presidentes sátrapas, deshonestos, indecentes, embusteros, despreciables y corruptos.

Ya no hay tiempo para continuar escuchando las declaraciones de una mandataria embustera e indeseable que en nuestra propia cara nos dice que tiene “las manos limpias” y que trabaja por el bienestar de todos los peruanos. Una situación que ya es demasiada grotesca para los 33 millones de peruanos que solo pedimos—no a la impunidad—.

No cabe duda que las sociedades no son estáticas, porque estas cambian vertiginosamente, y en Perú el «comportamiento» de la política se ha tornado indeseable, al punto de convertirse en sistémica. Precisamente, para ello existe la ‘sociología del derecho’ que estudia el comportamiento de nuestra sociedad para adecuar nuestras leyes de acuerdo a nuestra realidad actual, con el fin de sanear la convivencia social.

Por esa y otras razones más, basta de ‘inmunidad presidencial’, que solo alimenta la impunidad y le abre las puertas a más candidatos cuestionados que desean ingresar a la esfera palaciega para ‘suspender’ sus cuentas con la justicia y para seguir cometiendo actos abominables, gracias a que ilegítimamente gozan de esta absurda protección.

Expresidente Pedro Castillo se encuentra preso preventivamente y la Fiscalía solicita 34 años de prisión contra él por el fallido golpe de Estado.

Finalmente, es exigible que se impulse un proyecto de reforma constitucional para erradicar de plano esta perversa prerrogativa presidencial que solo ha venido funcionando para blindar a traidores que detestan a su patria y a todos los que la habitamos. Sin embargo, si bien, es casi imposible que desde el Congreso y el Ejecutivo se tome en cuenta esta iniciativa, no se debe perder la esperanza y algún día podremos ver que realmente se respete el imperio de la ley.