Política

Bancada de Honor y Democracia a favor de implementar la pena de muerte en PL sobre el terrorismo urbano

Iniciativa presentada por el Ejecutivo busca sancionar con mayor severidad delitos como la extorsión o el sicariato.

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En 14 distritos de la capital supuestamente se encuentran en estado de emergencia, sin embargo, las extorsiones y asesinatos continúan realizándose como si no hubieses pasado nada. Los delincuentes se ríen en la cara de la presidenta Dina Boluarte ya que saben que las medidas implementadas carecen de efectividad.

Ante ello, la bancada de Honor y Democracia se mostró a favor del reciente Proyecto de Ley (PL) impulsado desde el Ejecutivo, el cual busca tipificar como “Terrorismo urbano” delitos como extorsión, sicariato o robo a mano armada en la ciudad, sin embargo, no se sienten del todo conformes con las medidas sugeridas, añadiéndose a estas la pena de muerte para ese tipo de delitos.

Dicha medida, explican desde esa bancada congresal, favorecería a erradicar el hacinamiento dentro de los penales.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la agrupación parlamentaria apoyó la propuesta del Ejecutivo, alegando que se trata de una alternativa para afrontar la “compleja emergencia criminal” que afecta a gran parte de la población.

A fin de aplicar la mencionada pena máxima, la bancada exhortó a la presidenta a realizar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos a fin de habilitar la soberanía jurídica y se admita la aplicación del artículo 140 de la Carta Magna.

Explican que esta norma no ha podido ser implementada debido a la “equivoca adhesión sin las reservas correspondientes a la mencionada Convención y la consecuente adhesión a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Según el grupo parlamentario, se ha favorecido generalmente a los terroristas y delincuentes que buscan escapar de la acción de la justicia que afecta severamente a la soberanía del Estado. En ese sentido, enfatizan que la pena de muerte permitiría evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios con “delincuentes violentos e irrecuperables”.

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