Aumento de utilidades en el sector eléctrico: un riesgo subestimado para las tarifas y los consumidores

Mientras el Congreso de la República debate la segunda votación del proyecto de ley que incrementa la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) del sector eléctrico del 5% al 10%, la Central de Trabajadores defiende la propuesta con un informe de Osinergmin solicitado en 2022, cuyo enfoque limitado y sesgado pretende asegurar que este aumento no afecta las tarifas eléctricas. Sin embargo, un análisis detallado revela que, aunque la PTU no forme parte directa de la fórmula tarifaria, sí incide indirectamente en variables clave que podrían encarecer la electricidad, afectar a millones de peruanos y comprometer la estabilidad del sector. Por ello, es imperativo contar con una evaluación técnica completa y el pronunciamiento de sectores clave como FONAFE y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Central de Trabajadores sostiene, basándose en el informe de Osinergmin, que, según la Constitución, la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) y su reglamento, la PTU no es un costo operativo incluido en el Valor Agregado de Distribución (VAD) ni en otras tarifas, ya que se deriva del resultado económico de las empresas y no de los costos necesarios para prestar el servicio. Este razonamiento, aunque válido en un sentido estrictamente regulatorio, es incompleto y sesgado. Al destinar un 10% de las utilidades a la PTU, se reduce significativamente el capital disponible para rubros críticos como inversión en infraestructura, mantenimiento de redes y desarrollo de energías renovables. Estos rubros, a diferencia de la PTU, sí forman parte de la estructura de costos que determina las tarifas eléctricas.

Por ejemplo, una menor inversión en modernización de redes aumenta los costos operativos a largo plazo, ya que sistemas obsoletos son más caros de mantener y menos eficientes. Asimismo, retrasar proyectos de energías renovables, que requieren un capital inicial elevado y a menudo subsidios estatales, pero reducen costos con el tiempo, podría mantener al país dependiente de fuentes más costosas y volátiles, como los combustibles fósiles. Estos factores, que sí entran en la fórmula tarifaria, podrían traducirse en alzas de hasta un 5% en las tarifas para usuarios regulados, afectando a unos 30 millones de peruanos. Esta preocupación ha sido advertida por la totalidad de gremios empresariales consumidores de electricidad, quienes temen que un incremento en las tarifas eleve sus costos de producción y se traslade a los usuarios finales, encareciendo bienes y servicios.

El informe de Osinergmin, solicitado en 2022 y no elaborado específicamente para el Congreso de la República, admite que el impacto económico del aumento de la PTU no ha sido plenamente evaluado y sugiere que FONAFE y el MEF realicen un análisis adicional. Esta omisión evidencia la necesidad de un estudio más amplio antes de avanzar con la norma. El sector eléctrico es único: su estructura financiera depende de ingresos garantizados y, en muchos casos, subsidios estatales, lo que lo hace altamente sensible a cambios como este. Compararlo con sectores como la minería o la pesca es un error, ya que la electricidad es un servicio esencial cuya estabilidad afecta directamente a los hogares, las industrias y la competitividad del país.

Por ello, el Congreso tiene la responsabilidad de exigir un análisis técnico que contemple:

• Impactos financieros: Cómo la reducción de utilidades afecta la capacidad de las empresas para invertir sin trasladar costos a las tarifas.
• Efectos en los consumidores: Proyecciones claras sobre posibles alzas tarifarias y su impacto en el costo de vida.
• Consulta multisectorial: Involucrar al MEF, FONAFE, el Ministerio de Energía y Minas, gremios empresariales, consumidores y expertos para garantizar una decisión informada.

Aprobar esta norma sin estas respuestas sería un paso en falso. No se trata de negar derechos laborales, sino de garantizar que las decisiones en un sector tan crítico como el eléctrico sean responsables y sostenibles. Instamos a los congresistas a actuar con responsabilidad, protegiendo a los consumidores y al futuro energético del Perú.