Atentado contra Machu Picchu: Denuncian presencia de antenas telefónicas dentro de zona declarada como patrimonio cultural

Han pasado más de cuatro años desde que se detectaran antenas de telefonía dentro de las instalaciones del Hotel Belmond, así como cableado de la red móvil a los alrededores de la Llacta Inca de Machu Picchu, significando un claro atentado contra el patrimonio cultural de nuestro país.

Las empresas responsables, según la denuncia interpuesta por la Comisión de Juristas Contra la Corrupción, serían las empresas de comunicación Bitel, Entel, América Móvil (Claro), Movistar, así como el propio Hotel Belmond (Sanctuary Lodge) al permitir la instalación de las antenas. Todos los presuntos responsables habrían hecho caso omiso a lo dispuesto por la Ley 28296 “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación” al alterar zona intangible sin autorización previa del Ministerio de Cultura, en otras palabras, habrían actuado dolosamente.

Como ya se indicó, desde el 14 de marzo de 2018, fecha en que se presentó el primer informe señalando la aparición de 4 antenas (2 afuera de la concesión otorgada al Hotel Belmond y 2 en las cercanías) hasta la actualidad las mencionadas empresas estarían incurriendo en delito, pues en un primer orden se inició contra ellas un procedimiento sancionador administrativo. Más allá del aviso por parte de Dirección Desconcentrada del Cusco (DDC) no hay una muestra de querer reparar el daño.

Lima Gris se comunicó con el representante de la Comisión de Juristas Contra la Corrupción, Heracleo Cereceda, indicándonos que lo actuado contra esas empresas por la vía administrativa ya había prescrito el plazo para sancionarlos, y que ahora el caso lo viene viendo la Fiscalía Mixta de Machu Picchu, pero ahora en el ámbito penal.

La Comisión de Juristas insta a la actual titular de la DDC Mildred Fernández, a reiniciar de inmediato el proceso sancionador contra las empresas y proceder con las denuncias respectivas por el presunto atentado que se habría realizado a la maravilla mundial del mundo.

La denuncia penal que se ha presentado este último 20 de octubre abarca a autoridades, funcionarios y trabajadores de Cultura.