Lluvia de millones. Una vez más, el Congreso de la República hace honor a su más del 90% de desaprobación, derrochando el dinero de todos los peruanos en bonos, bufets, y otras suntuosidades ajenas al ciudadano de a pie.
La Mesa Directiva del Congreso, presidida por José Williams (Avanza País), aprobó, a mediados de junio, entregar un bono extraordinario de 2.400 soles mensuales a los asesores legislativos y otros trabajadores designados como personal de confianza.
La resolución, que data del 13 de junio, establece que el requisito para acceder al beneficio es estar sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y acumular un mínimo de tres meses de servicios durante el primer semestre del 2023, con lo cual la bonificación representa un pago de entre 7.200 soles y 14.400 soles a cada uno.
Bajo este sistema se encuentran también algunos trabajadores de congresistas acusados de recortar salarios, entre ellos Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú), Rosío Torres(Alianza para el Progreso), Katy Ugarte (no agrupada), María Cordero Jon Tay (expulsada de Fuerza Popular) y Edgar Tello (Perú Libre).
A inicios de junio, un grupo de servidores de la Organización Parlamentaria solicitó el abono a la Mesa Directiva al alegar que se entrega desde 2012 y que corresponde ejecutarlo este año por “principio de equidad”. La aprobación llegó tres semanas antes del inicio de la tercera legislatura, cuando el Parlamento marcó un 91% de desaprobación, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Aunque no todos cumplen el requisito para acceder al bono, la cifra representa un aumento de personal respecto a junio de 2021 (1.387) y 2022 (1.176), bajo la gestión de María del Carmen Alva (Acción Popular) y Lady Camones (Alianza para el Progreso), respectivamente.
El paso de Camones fue breve debido a la difusión de un audio en el que el líder de su partido le daba órdenes, pese a que no integraba la representación nacional. La legisladora fue reemplazada por José Williams, quien deberá entregar la titularidad del Congreso el próximo 26 de julio.
El dato:
Hasta febrero de este año, 1.444 trabajadores estaban calificados como personal de confianza bajo el régimen del Decreto 728, según el portal de Transparencia del Congreso.