Tierra de nadie. Ausencia total del Estado en la zona conocida como Atico, en la provincia arequipeña de Caravelí; ahí manda la ley del más fuerte o del que tiene el rifle más potente, pues es tanta la codicia por el oro que son capaces de matar sin miramiento alguno, sean estos civiles o personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Cinco días atrás, el primer enfrentamiento armado entre mineros informales tuvo como resultado la muerte se siete personas, todas con impactos de bala. Y ayer por la tarde, la Policía y la Fiscalía Contra el Crimen Organizado han confirmado el deceso de otras siete personas más, también víctimas de armas de fuego, con lo que la cifra total asciende a 14 personas, 12 heridos y 12 desaparecidos. Debido a la lejanía del lugar, la informalidad y la delincuencia son moneda común y casi nadie puede hacer algo al respecto.
Los últimos cuerpos fueron hallados la tarde del martes en la zona denominada Catarata, ubicada a inmediaciones de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales Calpa Atico.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, las víctimas habrían sido lanzadas a una quebrada, desde unos 50 metros. Todos presentan heridas de bala.
Sus familiares los habían reportado como desaparecidos e incluso creían que estaban secuestrados. Sin embargo, este miércoles, la PNP confirmó el hallazgo.
Como se ha informado, los ataques entre los mineros informales que operan en la zona de Calpa, en Caravelí, se iniciaron en diciembre y continuaron la mañana del jueves 2 de junio.
Tres grupos se disputan este territorio: la Asociación Calpa Renace, Atico Calpa y la empresa minera Intigold Mining S.A. Como consecuencia de este último enfrentamiento, la Policía detuvo de manera preliminar en Arequipa y Ayacucho a 31 sujetos con armas y municiones.
La labor de las autoridades locales no puede ser totalmente efectiva debido a las medidas ofensivas que han adoptado los grupos mineros para resguardar las “zonas ganadas”, como el uso de armamento de largo alcance o de camiones varados en las carreteras.
Tanta será la peligrosidad del lugar que los familiares que intentan buscar a las personas desaparecidas lo tienen que hacer con una bandera blanca levantada, pues desde los cerros aguardan centinelas contratados por las mineras informales.
Con respecto al número de desubicados que maneja la Policía, esta informa que podría haber entre 8 a 10 personas cuyo paradero es incierto en la actualidad, además de no estar seguros si todavía continúa con vida. Incluso, se cree que posiblemente sus cuerpos hayan sido enterrados en las zonas de los cerros.
Es por eso por lo que se hace un pedido urgente hacia el presidente Pedro Castillo, a la ministra de Energía y Minas Alessandra Herrera y al Ejército, para que intervenga en la situación, no solo para ayudar a encontrar a los desaparecidos, sino para culminar estas grescas mortales entre empresas, que vienen realizándose desde el mes de abril, pero que el pasado 2 de junio se intensificó, cobrando las primeras 7 vidas y dejando 20 heridos.
