Política
Aprueban PL para incentivar a las empresas privadas contratar mujeres víctimas de violencia
Iniciativa de la congresista María Córdova Lobatón fue aprobado por la Comisión de Economía del Parlamento.
La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó este martes el Proyecto de Ley (PL) n.° 9888/2024-CR de la legisladora María Jessica Córdova Lobatón (Renovación Popular), que establece incentivos para las empresas privadas a que contraten mujeres que hayan sido víctimas de violencia.
Tal PL tiene como intención promover la inserción laboral de este grupo de mujeres afectadas mediante beneficios en procesos de contratación pública. Estas empresas de ámbito privado recibirán un puntaje adicional de dos puntos en la evaluación técnica si demuestran que, en los últimos doce meses, al menos el 10 % de su planilla laboral está conformada por mujeres que hayan sufrido violencia, debidamente registradas en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA).
“La condición de víctima debe estar acreditada con la información que obra en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, se lee en el documento.
Entre los requisitos para acceder a estos incentivos, las empresas deberán acreditar la contratación formal de las beneficiarias y garantizar condiciones laborales acordes con la legislación vigente.
En tanto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.
Según el artículo 1 del proyecto, el objetivo principal es “contribuir a la autonomía económica y el bienestar integral” de las mujeres afectadas por violencia, facilitando su acceso a empleos formales.
La norma aplicará a todas las entidades públicas y a sus proveedores en procesos de contratación bajo el marco legal actual.
La iniciativa destaca que aprovecha las contrataciones públicas como “herramienta para mejorar la calidad de vida” de las víctimas.
Además, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días, tras la promulgación de la ley, para emitir las normas complementarias que aseguren su implementación.