Un buen incentivo para los estudiantes. Con el propósito de favorecer la inserción de los jóvenes en el campo laboral, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 5664, 5768, 5999, que proponen modificar el Decreto Legislativo 1401, el cual aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, a fin de equiparar el servicio de voluntariado con las prácticas preprofesionales y profesionales.
El texto modifica los artículos 5° y 10° del Decreto Legislativo 1401, a fin de que los servicios prestados por los voluntarios puedan ser equivalentes a una práctica preprofesional o profesional, siempre y cuando los servicios prestados guarden correspondencia con la formación académica, sustentó la presidenta de la comisión.
El parlamentario Raúl Huamán Coronado (FP), autor del proyecto de ley 5768, dijo que se busca valorar y reconocer el trabajo del voluntariado de muchos jóvenes que no pueden alcanzar un puesto de trabajo por falta de experiencia laboral.
“En cualquier concurso, incluso para el Estado, piden como requisito mínimo de cinco años de experiencia laboral, siendo este el primer candado que se le coloca a los jóvenes profesionales”, afirmó.
Por otro lado, según la presidenta de dicho grupo de trabajo legislativo, Milagros Jáuregui, indicó que esos servicios prestados por los estudiantes deberán guardar correspondencia o relación con la formación académica que llevan.
Otro proyecto aprobado
La comisión también aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley 4246/2022CR, que propone, con texto sustitutorio, la ley que declara de interés nacional la celeridad de los procedimientos y procesos tutelares por riesgo y desprotección familiar en el marco del Decreto Legislativo 1297, para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.
La legisladora Magaly Ruíz Rodríguez (APP), autora de la iniciativa, refirió que el fin de la propuesta es mejorar las intervenciones públicas de los procesos vinculados a situaciones de riesgo o de desprotección familiar.
Agregó que esta norma contribuirá a que los operadores de justicia y responsables del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente construyan nuevas alianzas estratégicas que coadyuven a la celeridad de los procesos tutelares, y con ello permitan la posibilidad de que los menores puedan integrarse en un menor tiempo al seno de la familia de manera definitiva.