Política
Aprueban dictamen para que víctimas puedan solicitar el bloqueo de las líneas empleadas por los extorsionadores
Iniciativa del congresista Diego Bazán precisa que las personas afectadas podrán solicitar el bloqueo siempre que cuenten con la autorización de la PNP.
La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen recaído en los proyectos de Ley 6832/2023 y 7410/2023, que con texto sustitutorio propone facultar el bloqueo de la línea telefónica utilizada para amenazarla.
Esta iniciativa fue aprobada durante la sesión y audiencia pública descentralizada que llevó a cabo el citado grupo parlamentario, que presidente el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP), en el departamento de la Libertad.
El congresista Diego Bazán (Avanza País), autor de una de las iniciativas, señaló que la víctima podrá solicitar el bloqueo o la baja de las líneas telefónicas utilizadas para el delito, siempre y cuando tengan la constatación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y tengan la constatación emitida por esa entidad.
«Corresponde a Osiptel requerir a las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones, a pedido de las víctimas de llamadas o mensajes extorsivos que presenten la constatación policial correspondiente, el bloqueo o la baja del servicio público móvil, dentro del plazo de 72 horas de recibida la solicitud«, dijo.
Más de 5 mil denuncias de extorsión en el primer trimestre de este año
Durante el primer trimestre del 2024, la PNP registró un alarmante incremento en las denuncias por extorsiones, superando las 5.000 incidencias. Si la tendencia persiste, la PNP proyecta cerrar el año con más de 20 mil 000 hechos denunciados.
Este número representa un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo del 2023. La escalada en el número de casos involucra a una amplia gama de víctimas, incluyendo instituciones educativas y figuras públicas.
Otros proyectos aprobados
Además de esta medida, la Comisión aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declara la necesidad pública y el interés nacional de varios proyectos de infraestructura en diferentes regiones del país, incluyendo el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Estas obras tienen como objetivo impulsar el desarrollo descentralizado del país y no conllevan un gasto adicional, ya que no implican la creación de nuevas obras públicas.
En una agenda cargada, la Comisión también organizó una audiencia pública para discutir la implementación y ejecución de diversos proyectos de inversión en infraestructura vial, puentes, telecomunicaciones y otras áreas de desarrollo local en varias regiones del país.