Los jóvenes de ahora cuentan con mayor acceso a la información, utilizándola para bien o para mal, sea esto el aprovechamiento indebido a fuentes informáticas o manipular sin titubeos un arma de fuego; las razones para ellos son diversas, pero el resultado siempre es el mismo: un delito. Sin embargo, debido a su condición etaria hasta el momento en nuestro país aquellos jóvenes solo reciben una sanción o internamiento en un centro de menores, a pesar de actuar con la misma crueldad de un ‘rankeado’ asesino.
Ante ello, el Pleno del Congreso de la República aprobó ayer, en primera votación, el dictamen que declara la imputabilidad de los adolescentes de 16 y 17 años por la comisión de delitos graves.
Con 57 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones, el Legislativo admitió el texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 618, 6080, 7771 y 8166 que propone modificar el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los menores de edad como sujetos imputables dentro del sistema penal.
De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendarios.
El parlamentario Alejandro Muñante, uno de los autores de la iniciativa, señaló durante el debate que cuando un menor de 16 o 17 años comete un delito como sicariato, extorsión u homicidio calificado, es simplemente sancionado como un infractor de la ley penal.
“Se le da el mismo tratamiento de un niño y eso lo que conlleva a que sean internados en centros de rehabilitación juveniles […] Somos casi uno de los pocos países de la región que no tenemos una sanción ejemplar para menores que cometan delitos graves”, indicó.
Adoptando una postura diferente, el congresista Carlos Zeballos señaló que se debe impulsar reformas “que garanticen la reinserción de nuestros jóvenes”.
“La incorporación de adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal es una decisión que nos exige actuar con responsabilidad. No se trata solo de aprobar leyes, sino de garantizar el proceso de rehabilitación”, sostuvo en su cuenta de X.
A su turno, la legisladora de Perú Libre, Kelly Portalatino, señaló que la necesidad de aprobarse la citada iniciativa es por la falta de presencia del Estado en la educación. “Necesitamos fortalecer los centros comunitarios de salud mental y más profesionales para atender a los adolescentes”, dijo.