El pleno del Congreso de la República aprobó la acusación constitucional contra la ex legisladora del APRA Luciana León por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. Este caso llegó a su etapa final a más de un año de que la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentara la denuncia.
La votación fue la siguiente: tráfico de influencias agravado: 73 votos a favor y 3 en contra. Cohecho pasivo impropio: 74 a favor y 2 en contra. Peculado doloso por apropiación: 75 a favor, 2 en contra.
En marzo pasado, cuando se aprobó el informe a nivel de la Comisión Permanente se rechazó el delito organización criminal, que había sido incluido por la fiscalía de la Nación.
A la ex parlamentaria aprista se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias por haber gestionado, entre los años 2017 y 2018, ante los ministerios de Economía y Vivienda el financiamiento de obras públicas a favor de la Municipalidad de La Victoria.
Por ejemplo, se trató de proyectos para el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana y pistas y veredas en la urbanización Balconcillo, que se habrían redireccionado a empresas vinculadas a la organización criminal “Los Intocables ediles de La Victoria”.
También se le acusa de contrataciones de personal inexistente para su despacho en el Congreso (trabajadores fantasmas). El sueldo que no percibía persona alguna se destinó finalmente la ex congresista denunciada, según el informe final.
‘Lucianita’ y ‘Los Intocables ediles’
De acuerdo con información policial y judicial fue la ex congresista Luciana León quien presuntamente realizaba el trabajo legal y político para favorecer a ‘Los Intocables Ediles’ a cambio de “retribuciones económicas” de parte de Alexander Peña Quispe. La investigación señala que la ex legisladora se valió de su cargo para realizar gestiones a favor de la Municipalidad de La Victoria. Un colaborador eficaz citado por la Fiscalía, dijo que Peña Quispe habría pagado S/ 15 mil y S/ 20 mil mensuales a Luciana León y a su asesora Betsy Matos Franco por «el apoyo brindado».
A Luciana León se le imputa haber recibido “cuantiosas sumas de dinero” de parte de Alexander Peña Quispe a cambio de gestiones ilícitas que se habrían dado entre mayo del 2017 y mayo del 2018. La investigación señala que la congresista, entre otras cosas, habría gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la inclusión de la Municipalidad de La Victoria en el concurso por el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional entre marzo y junio del 2017 para que, a cambio, Peña Quispe contrate a su hermano Rómulo León Romero.