Ante el anuncio de nuevas protestas las Fuerzas Armadas se viene alistando en todo el país para contenerlas

Que no ocurra dos veces. El primer saldo entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes trajo consigo la lamentable cifra de casi 30 fallecidos, muchos de ellos por impacto de bala de acuerdo a los partes médicos, sobre todo en la región sur del Perú, en donde las protestas se tornaron altamente violentas.

Y es que enviar a los militares a cumplir el rol de la Policía Nacional del Perú (PNP) claramente ha sido un error por parte de la jefa de Estado Dina Boluarte, quien debió haber previsto con mayor inteligencia las personas que estarían detrás de los disturbios.

Es por ello que el ministro del Interior, Víctor Rojas, advirtió ayer que la próxima semana podrían reactivarse las manifestaciones en contra del gobierno de la actual mandataria, reclamando no solo elecciones generales sino además una Asamblea Constituyente.

“Tenemos información de que posiblemente, a partir del día 4 de enero del próximo año, nuevamente tengamos conflictos sociales, muy particular en la zona sur”, sostuvo Rojas, durante una conferencia con la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP).

En la conferencia de prensa, el titular del Interior afirmó que las Fuerzas Armadas están desplegadas en apoyo de la PNP en virtud de un decreto de emergencia emitido por el gobierno de Boluarte.

“Las Fuerzas Armadas ya han desplegado los medios y el personal en virtud de las informaciones (con las que cuenta el Gobierno)”, dijo Chávez y agregó que ya “tienen ubicadas las áreas en las que posiblemente se puedan llevar a cabo el 4 de enero manifestaciones que puedan degenerar en acciones violentas con la finalidad de proteger activos críticos, infraestructura estratégica, red vial y, sobre todo, la más alta prioridad es proteger a la población”.

Debido a que los conflictos sociales se oyen más fuertes en la zona sur, el ministro del Interior Rojas viajará a las regiones de Arequipa, Cusco y Puno para “ir estableciendo los servicios con el afán de proteger la propiedad y libre tránsito de personas que tienen que seguir movilizándose para desarrollar sus diferentes actividades”.