En el corazón de Lima, específicamente en los jirones Ayacucho, Inambari, Santa Rosa y Andahuaylas, la proliferación desenfrenada del comercio informal ha creado un escenario de desorden e inseguridad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por regular esta situación, la convivencia de dos tipos de comercio ambulatorio agrava la problemática.
De un lado, se encuentran aquellos comerciantes que cumplen con los requisitos legales, pagan tasas y operan de manera regulada, estos se encuentran registrados en padrones y son parte del SISCOM (Sistema de Comerciantes); del otro, el comercio informal, conformado por individuos que eluden cualquier obligación impositiva, contribuyendo al caos en las calles del centro limeño.
Algunos de esos vendedores informales vienen haciendo uso de chalecos de asociaciones de personas con discapacidad, los cuales estarían usando de manera indebida ese beneficio, desafiando las normativas de seguridad, salud y burlándose de las autoridades. Avalados con un supuesto permiso del alcalde, ocupan la calle y venden productos que ni siquiera están permitidos.
La unidad de investigación de Latina Noticias ha puesto al descubierto que la mayoría de los ambulantes que usan estos chalecos, señalan que son sus familiares quienes presentan alguna condición. Consultados por los reporteros, algunos de los comerciantes informales respondían nerviosamente en un principio que ellos eran lo que presentaban una discapacidad, pero minutos después cambiaban su versión para indicar que en realidad era un familiar de ellos el que presentaba complicaciones para su movilidad.
«La prueba viene a ser el certificado de discapacidad que es emitido por un médico certificador en cualquier institución prestadora de salud autorizada por el MINSA. Ahí se indica el tipo de discapacidad. Luego puede acudir a CONADIS a registrarse y se emitirá un carnet. Y en el caso de ser familiar, deberían contar con una copia de certificado de discapacidad de su pariente, para comprobar que ellos están relacionados y que está al cuidado. Sobre todo estamos hablando de aquellas personas con discapacidad severa.», señaló Flor de María Valdéz, directora de la Subdirección de Promoción y Concientización de CONADIS para el citado medio.
Todo parece indicar que la informalidad está un paso adelante de la fiscalización. Tal es el caso de una persona con discapacidad que, a pesar de dedicarse a un rubro no permitido, cuenta con un módulo de venta como si estuviera operando de manera regular. En numerosas intervenciones en el centro histórico, se ha observado cómo algunos gremios con malas intenciones, instrumentalizan la discapacidad para perpetuar su presencia en las calles de manera ilegal.
Asimismo, la presencia de personas con chalecos se escudan señalando que tienen autorizaciones verbales de sus líderes o algún miembro de la administración municipal. La identificación mediante chalecos no garantiza la formalidad de la actividad.
Por otro lado, los comercios de galerías responden a la presión de los informales colocando conos, pero existen grupos más desafiantes que ocupan los espacios públicos de manera más peligrosa. En este contexto, se estima que más de 50 vendedores informales se encuentran en estas calles sin haber pagado ningún derecho.