Alias “Cuchillo”: ¿asesino despiadado o chivo expiatorio? Las dudas detrás de la masacre en Pataz

El nombre de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, se ha convertido en sinónimo de violencia, sicariato y oro ensangrentado. O al menos es lo que quieren hacernos creer. La presidente Dina Boluarte y la Policía Nacional del Perú lo han señalado como el autor intelectual de la masacre en Pataz que dejó 13 muertos. Sin embargo, la reciente aparición del presunto criminal en una entrevista en Cuarto Poder plantea una inquietante pregunta: ¿estamos ante un verdadero responsable o ante otro caso como el del exministro Santiváñez, que acusó de terrorismo a un civil por el simple hecho de ser hermano de un terrorista?

Si resulta ser que están utilizando la misma estrategia, vale la pena recordar que el actual ministro del Interior, Juan José Díaz Zulueta, antes de asumir la cartera del MININTER, se desempeñó como viceministro de Seguridad Pública durante la gestión del propio Santiváñez.

Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿por recomendación de quién Santiváñez resbaló hasta el punto del ridículo público con sus acusaciones sin sustento?
No se trata solo de errores individuales, sino de un patrón institucional que se repite: usar el miedo, la culpa por asociación y la presión mediática como herramientas de gobierno.

Hoy, el caso de Rodríguez Díaz, aunque con un perfil más delictivo, deja el mismo sabor amargo de una acusación apresurada con tintes políticos y mediáticos. Rodríguez tiene un pasado criminal —eso no se discute—, pero ¿es eso suficiente para condenarlo mediáticamente sin juicio?

Según refiere “Cuchillo” en la entrevista grabada el 9 de mayo de 2025 a horas de la noche; ante la pregunta “¿Tiene una orden de captura en su contra en este momento? Respondió: “No tengo ninguna orden de captura, ni tampoco he sido notificado por nada. Yo estoy limpio en el sistema, señorita”.

Si no tiene una denuncia ni orden de captura. ¿Dónde está el plan para capturar a quien dicen ha sido el responsable intelectual de la matanza en Pataz? O solo ganan tiempo hasta que nos olvidemos de Pataz y los 13 peruanos asesinados en una acción claramente terrorista. Según el reportaje presentado hoy por Cuarto Poder, en relación al estado legal actual de Rodríguez Díaz: “Tampoco ha sido comprendido en la investigación fiscal. No hay cargos en su contra, no hay requerimiento, no hay denuncia que pese sobre él”.  

Rodríguez lo niega todo: “Ya pagué mis errores. No tengo nada que ver con esa masacre. No quiero volver a prisión porque allí no hay justicia”. A su favor, presenta una cuartada que llama poderosamente la atención: fue captado por cámaras de seguridad en una discoteca de Casma horas después de la masacre, aparentemente celebrando. Él sostiene que esa noche solo estaba con amigos, borracho, y que nunca estuvo en Pataz. Sin embargo, testigos aseguran haberlo visto en la escena del crimen entre el 25 y 26 de abril, y las autoridades lo vinculan con la organización criminal “La Gran Alianza”.
¿Es eso suficiente para señalarlo como autor o partícipe? ¿O estamos, otra vez, ante una condena mediática sin proceso firme? o ¿Se está repitiendo el patrón de convertir en villano a alguien con antecedentes, solo para ofrecer a la opinión pública la sensación de que el gobierno está actuando con rapidez?

Este es un llamado urgente: exijamos investigaciones serias y con resultados sobre la masacre de Pataz. Exijamos que se investigue a las empresas mineras, a los policías vinculados a servicios de seguridad informales, a los funcionarios que permiten que las bandas criminales operen con impunidad.

Nuestro Perú se ha convertido en el país de los chivos expiatorios. Cada crisis necesita su villano, preferiblemente de origen humilde, con prontuario previo, con un apodo intimidante. Según la encuestadora IPSOS por encargo de Perú21, solo el 2% respalda la gestión de Dina Boluarte.

Mientras el país clama justicia por la masacre, Miguel Rodríguez Díaz se mantiene oculto. Asegura tener pruebas de su inocencia, pero no se presenta ante la justicia. La PNP continúa tras su rastro, mientras las familias de las víctimas exigen respuestas. La sierra de La Libertad, gobernado por César Acuña Peralta, por ahora, sigue siendo territorio minado por la violencia y la impunidad.

El país no puede seguir aceptando acusaciones hechas solo para la cámara, como parte del espectáculo político. Ya lo vivimos con Santiváñez. ¿Estamos repitiendo el error?

Mientras sigamos actuando bajo presión y sin pruebas sólidas, no habrá justicia para las víctimas, ni paz para el país.