Esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores presenta la tercera edición de la ‘Semana del Migrante’ en Lima bajo el lema “Perú Contigo”. Para tal efecto han organizado una serie de actividades destinadas, según reza su nota de prensa, “a fortalecer los vínculos entre los colectivos asociados a la migración, la sociedad peruana y las instituciones públicas como una forma de relevar la importancia y aporte de los migrantes para el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino.”
Es sintomático que estos eventos se hayan venido dando en estos últimos tres años mientras crecían las denuncias y revelaciones sobre el maltrato y abusos a los extranjeros residentes en el país por parte de las autoridades migratorias y judiciales. Casi parece un lavado de cara oficial para tratar de minimizar o esconder con gestos y palabras diplomáticas los atropellos y absurdos burocráticos que persisten en otras instancias del Estado contra la población migrante y sus familias, mucha de ellas peruanas.
Una de los objetivos de esta semana sería promover el retorno de parte de los millones de peruanos que residen en el exterior, pero no basta al respecto las buenas intenciones y palabras sino hechos concretos, y ello se encuentran muy lejos de la realidad, como lo comprueban día a día los retornados que no pueden conseguir la residencia para sus cónyuges e hijos nacidos fuera del país por una legislación absurda.
Todavía peor es la situación de muchas mujeres y hombres casados con peruanos que vinieron a vivir al país y que en muchos casos fueron abandonadas a su suerte, cuando no violentadas por sus parejas, arrebatándoles sus hijos, separándolas de su padres y dejándolas sin documentos, contando con la complicidad de funcionarios y autoridades locales, insensibles cuando no corruptas.
Existen excepciones en el Estado que son conscientes de esta situación y hacen esfuerzos por cambiarla, como los exintegrantes de la Defensoría del Pueblo, las actuales Ministra y Viceministra de Justicia y Derechos Humanos, y las parlamentarias Indira Huillca, Karla Schaefer; entre otras. Pero no se puede decir lo mismo del resto, en especial de quienes tienen directa injerencia en el tema.
Hace poco más un año se aprobó un nuevo marco legal sobre extranjería, el Decreto Legislativo de Migraciones N° 1236, y como resultado de la campaña de un grupo de migrantes en medios, el apoyo de la Defensoría y la llamada de atención al Estado peruano del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU en la reunión de Ginebra en el 2015; se tuvo que considerar compromisos básicos del Estado en el respeto a los derechos humanos y la integridad familiar que la ley anterior no mencionaba. Sin embargo al no haberse reglamentado hasta la fecha, las políticas migratorias siguen manejándose de forma machista, discriminadora y arbitraría por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como por varios de los magistrados del Poder Judicial donde perviven prejuicios contra los extranjeros, peor aun si son mujeres.
Por esta razón se constituyó el colectivo de Madres Migrantes Maltratadas que agrupa principalmente a mujeres extranjeras residentes en el país, que como madres, esposas e hijas de peruanos han sido víctimas en los últimos años de abusos, atropellos y falta de derechos por parte de las autoridades del Estado.
¿Hay algo que celebrar en esta “Semana del Migrante”? No, y sí mucho que demandar de un Estado que se quiere llenar la boca con la imagen exterior de un país moderno y abierto al mundo, pero que de puertas adentro sigue persiguiendo y negando sus derechos más elementales a los extranjeros cuyo única supuesta falta es haber constituido familia con algún peruano. Y lo más paradójico es que eso se da en el gobierno de un presidente como Pedro Pablo Kuczynski, hijo de padre y madre, así como esposo de una extranjera.