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¡Alerta! Gobierno declara estado de emergencia en 17 regiones del país
El Ejecutivo oficializó la emergencia en 100 distritos por las intensas lluvias; sin embargo, ¿habrá gestión responsable y trasparente, tomando en cuenta que los 11 ministerios involucrados administrarán varios millones de soles para “adquisiciones” de todo tipo?
Debido a los daños causados por las recientes precipitaciones registradas en diversas partes del país, el gobierno de Dina Boluarte declaró la medida que regirá durante 60 días calendario,
Mediante el Decreto Supremo N° 020-2024-PCM, se oficializó el estado de emergencia en más de 100 distritos de 17 regiones del Perú, con el fin de brindar un plan de ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias por los daños causados por las intensas lluvias.
La norma señala que se dará todo el apoyo a los distritos de algunas provincias en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco y Puno.
Los 100 distritos en emergencia
Los distritos declarados en estado de emergencia son Longar (Amazonas); Musga y Huayllán (Áncash); Antabamba, Huaccana y Turpay (Apurímac); Paucarpata, Santa Isabel de Siguas, Jaqui, Chachas, Uñón, Cabanaconde, Chivay, Madrigal, Tapay, Cayarani, Río Grande, Huaynacotas y Tomepampa (Arequipa).
Asimismo, María Parado de Bellido, Quinua, Huamanguilla, Santillana, Ninabamba, Leoncio Prado, San Pedro, Puyusca Upahuacho, Paico, Santiago de Paucaray, Canaria, Vilcanchos, Concepción y Saurama (Ayacucho); Encañada, Jesús, Cochabamba, Bambamarca, Huabal, San Felipe, La Coipa, Tabaconas, Gregorio Pita, Ichocán y Pedro Gálvez (Cajamarca); Anta, Layo y Huayopata (Cusco).
Además, Secclla, Cocas, Huachos, Tantara, Cosme, El Carmen, Anco, Mariscal Cáceres, Moya, Huaytará, Laramarca, Ocoyo, Pilpichaca, Querco, San Antonio de Cusicancha, Santiago de Quirahuara, Santo Domingo de Capillas, Acostambo, Quichuas, Quishuar y Salcabamba (Huancavelica); Tantamayo, Daniel Alomía Robles, José Crespo y Castillo, Santa Rosa de Alto y Yanajanca (Huánuco).
También Chavín y El Ingenio (Ica); Chanchamayo, Pichanaqui, Tunan Marca, Río Negro y Huasahuasi (Junín); Bolívar y Ucuncha (La Libertad); Asia, Atavillos Alto, Huachupampa, Santiago de Anchucaya, Paccho y Yauyos (Lima); Iquitos (Loreto); Matalaque, Chojata, Carumas, Moquegua, San Antonio, San Cristóbal y Torata (Moquegua); Puerto Bermúdez y Vicco (Pasco); Macari y Sandia (Puno).
La declaratoria regirá por 60 días calendarios y a través del artículo 11° de la Ley Nº 30498, «se promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales, y establece que los bienes cuya donación se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la citada ley serán los detallados en el decreto supremo que declare el estado de emergencia por desastres producidos por fenómenos naturales».
«(…) los servicios prestados a título gratuito que se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la referida Ley, en virtud al Estado de Emergencia declarado mediante el presente decreto supremo, son: Servicios de catering, servicios médicos, servicios de transporte, servicios logísticos de despacho, traslado y almacenaje, servicios de operadores y cualquier otro servicio que sea necesario para atender los requerimientos de la población afectada», se lee en el comunicado.
Se debe estar alerta ante los bienes y servicios que entregarán los ministerios involucrados
Los once ministerios involucrados facilitarán la entrega de maquinaria necesaria para poder ayudar a combatir los estragos que generen las intensas lluvias en las regiones, además de dar «material médico, medicamentos, bloqueadores solares, vacunas, equipos médicos y/o afines, repelentes de insectos, ponchos impermeables livianos, menaje de cama y de cocinas semiindustriales, entre otros».
Además, señalan que las zonas afectadas contarán con la coordinación técnica, el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios de Salud; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Educación; de Transportes y Comunicaciones; de Desarrollo Agrario y Riego; de Energía y Minas; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; de Desarrollo e Inclusión Social; del Interior; de Defensa, e instituciones involucradas.
Finalmente, la norma establece que la implementación de estas medidas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Sin embargo, surge la pregunta ¿habrá gestión responsable y transparente, tomando en cuenta que los 11 ministerios involucrados administrarán varios millones de soles para “adquisiciones” de todo tipo?