Alejandro Sánchez es enviado a penal de Huaral para que cumpla 30 meses de prisión preventiva

Se regresa al norte, pero no precisamente a Estados Unidos sino a Huaral. Alejandro Sánchez Sánchez, ex financista de la campaña presidencial de Pedro Castillo, cumplirá 30 meses de prisión preventiva en el penal de Huaral, mientras la Fiscalía lo investiga porque estaría vinculado a una red criminal dedicada al tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado peruano. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo encarceló el lunes 24 de junio, tres días después desde que llegó al Perú desde los Estados Unidos.

Como se sabe, Alejandro Sánchez huyó del Perú luego de que el Poder Judicial dictó orden de detención en su contra, en el marco del caso ‘Asesores en la Sombra’. El pasado 21 de junio las autoridades norteamericanas lo deportaron junto a 150 personas.

El dueño de la casa ubicada en jirón Sarratea, donde Pedro Castillo como presidente realizaba reuniones de manera clandestina, es investigado en el caso ‘Asesores en la Sombra’, desde 2021. Su abogado, Tomás Gálvez comunicó que su cliente es inocente y no se acogerá a la colaboración eficaz.

“Lo que pasa es que él, como me indicó en un primer momento, cuando tomé la defensa, él se mantiene en que no ha cometido ningún delito y que es una persecución. Ciertamente en esas condiciones no puede someterse a ninguna colaboración eficaz, porque el que se somete a colaboración eficaz es reconocer la comisión de un delito. En este caso, él dice que no ha participado en ningún hecho ilícito, por lo que se descarta la posibilidad de una colaboración eficaz”, declaró en RPP.

Sánchez Sánchez es considerado un asesor crucial en las investigaciones relacionadas con el exmandatario y su entorno. Antes de ser deportado, estuvo detenido en el Centro de Procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Pine Prairie, en Luisiana. Al llegar al país, se sometió a un control de identidad en el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de turno y luego fue puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser ingresado en un centro penitenciario, donde enfrenta una orden de 30 meses de prisión preventiva.