Política

Alejandro Muñante pide denunciar al ‘Pacto de San José’ para aplicar pena de muerte

El legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, instó al gobierno de Dina Boluarte a tomar acciones, más que dichos, debido a que el debate de la “pena capital” se inició hace varios años en Perú.

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El congresista Alejandro Muñante Barrios, de la bancada de Renovación Popular, nuevamente ha expuesto la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el Perú. Esto lo hizo en declaraciones a la prensa y pidió al gobierno de Dina Boluarte denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), un tratado internacional creado el 22 de noviembre de 1969, al que el país está suscrito y que a lo largo de los años se ha presentado como una institución que garantiza la protección de los derechos humanos. Sin embargo, según Muñante Barrios, la denuncia de este pacto es el primer paso necesario para abrir las puertas legales a esta medida extrema de ajusticiamiento.

Muñante señala que el debate sobre ‘pena de muerte’ siempre estuvo en agenda

El legislador argumentó que el debate sobre la pena de muerte no es reciente en el país y que los peruanos consideran esta opción como una respuesta acertada para delitos graves, como los casos de agresores sexuales, feminicidio, y crímenes de demasiada violencia.

«El debate ya se inició hace años, no es un término apropiado, si realmente quieren iniciar el debate deberían empezar por denunciar el Pacto de San José, por parte de la presidenta más acciones que dichos», declaró a la prensa.

¿De qué trata el Pacto de San José?

El Pacto de San José, conocido formalmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un tratado internacional suscrito el 22 de noviembre de 1969, al que Perú está suscrito y que limita la aplicación de la pena de muerte en los países signatarios, entre ellos nuestro país. De acuerdo al artículo 4° de esta convención, los Estados parte se comprometen a respetar la vida desde la concepción y a restringir al máximo la pena capital, permitiéndola únicamente en casos excepcionales, establecidos previamente en sus legislaciones internas.

«La ley establece la sanción y destitución administrativa para aquellos jueces y fiscales que apartándose de sus deberes funcionales deciden poner en libertad a delincuentes capturados en flagrancia, cuyas penas sean mayores de 5 años. Estamos hablando de delitos graves que ya hemos visto en varios casos, los cuáles se busca corregir con esta ley» añadió Muñante Barrios.

En Perú solo se aplica ‘pena de muerte’ por traición a la patria

En el caso peruano, la Constitución permite la pena de muerte únicamente para delitos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo. Sin embargo, cualquier intento de ampliar su aplicación colisionaría con los compromisos internacionales asumidos al adherirse a este tratado. La denuncia del Pacto de San José, implicaría que el Perú renuncie formalmente a estas obligaciones.

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