Política
Alcaldes y gobernadores regionales tendrán que rendir cuentas hasta su último día de trabajo, según propuesta legislativa
Congreso acaba de aprobar iniciativa para poner fin a abandonos de las autoridades.
Basta de alcaldes fantasma que a días de que concluyan sus mandatos son ‘tragados’ de la faz de la tierra, dejando a la deriva las municipalidades; similar situación ocurre con los gobernadores regionales que misteriosamente sus arcas se ven considerablemente incrementadas al término de su gestión.
El pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que asegura que los gobernadores regionales y alcaldes rindan cuentas de su trabajo hasta el último día de su gestión con la firma de un acta suscrita con la comisión de transferencia de funciones bajo la supervisión de la Contraloría.
Durante la sesión del pasado miércoles, la legisladora Norma Yarrow (Avanza País), autora del proyecto, explicó que se busca precisar que la función de una autoridad regional o municipal concluya con la firma de la referida acta.
Con ello, la comisión de transferencia deberá dar conformidad de que recibió toda la documentación necesaria sobre la gestión municipal.
«Esto obliga al gobernador o alcalde rendir cuentas hasta el último día de gestión del saliente, para que la autoridad entrante pueda tener una responsabilidad documentada y no se justifique diciendo que no le entregaron nada«, señaló.
Yarrow explicó en los últimos años ha habido abandonos de las comisiones de transferencia. Según la congresista, cerca de 20 gobernadores regionales no han entregado actas de transferencia y se han abandonado municipalidades antes de la próxima juramentación.
«Esta ley lo que pretende es poner orden en lo que respecta la transferencia municipal«, puntualizó.
La iniciativa legislativa fue aprobada con 106 votos a favor y exonerada de segunda votación con 105 votos.
Reos sin sentencia condenatoria podrían ejercer su derecho al voto
En otro momento, el Pleno del Congreso debatió por breve término el dictamen que sugiere que las personas privadas de su libertad y sin sentencia condenatoria puedan ejercer su derecho al voto.
El congresista Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) propuso que la iniciativa legislativa retorne a la Comisión de Constitución y Reglamento para un mayor análisis de la misma.
El pedido del legislador fue aprobado con 57 votos a favor, 40 en contra y 11 abstenciones.