El prófugo Alejandro Toledo, en su campaña en 2001 dijo: “Eliminaré las malditas services”; Alan García en su mitin del 29 de marzo de 2006 en Chimbote afirmó: “Vamos a eliminar las services y garantizar el respeto a la jornada laboral de las 8 horas”. Asimismo, Ollanta Humala en su campaña electoral exclamó: “Eliminaremos la explotación de las services, los CAS y los servicios no personales”. Al menos Pedro Pablo Kuczynski en su campaña presidencial, no tuvo reparos y no ocultó su desprecio hacia la clase trabajadora y fiel a su estilo pro-Confiep admitió no estar en contra de las services; incluso, sugirió eliminar las CTS.
En nuestro país hay leyes laborales que abundan en la dispersión. Por ello existen más de 40 regímenes laborales privados. Dicho marco normativo genera una suerte de malinterpretaciones y, asimismo, crea el desconcierto de la clase trabajadora que, ante tanta confusión, prefiere mantenerse silente para así proteger su subordinado rol laboral.
Se acaba de derogar la ley de Promoción Agraria Nº 27360, debido a las presiones ejercidas por los trabajadores agroindustriales de la región Ica y La Libertad. Es decir, esta ley firmada por Alberto Fujimori, José Chlimper, Federico Salas y Carlos Boloña y que fue creada para declarar de interés prioritario la inversión y desarrollo agrario, luego de 20 años, ha demostrado que fue hecha a la medida de algunos empresarios agroindustriales que se vieron beneficiados con el Impuesto a la Renta y con el Impuesto General a las Ventas, e incrementaron sus ganancias a niveles exorbitantes, pero incumplieron con su parte de contratar a sus trabajadores de acuerdo al artículo 7º de la ley en mención, que señala el régimen laboral y la seguridad social. ¿Las razones? una vez más, se debió a esa viveza de sacarle la vuelta a la ley y también, gracias a las services.
Es decir, esta discusión como si se tratase de un efecto espiral, siempre se pone como tema del día cuando surgen coyunturas de desastres o muertes de trabajadores. Recordemos en 2017 la tragedia del incendio de la galería Nicolini, donde fuimos testigos de la existencia de una feroz esclavitud laboral, e incluso, se habló de trata de personas; no obstante, el Ministerio de Trabajo (MTPE) en aquel momento, solo insistió en brindar “paliativos” como siempre sucede. Las autoridades generalmente, tienen diligencia para aplicar medidas parche, pese a la gran problemática laboral que adolece el Perú. Aquella vez, el ministro de Trabajo del gobierno de PPK era Alfonso Grados y apenas intentó duplicar el número de inspectores de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil) para cumplir con su fiscalización, y asunto arreglado.
Lo mismo, pasó cuando en diciembre de 2019 murieron trágicamente electrocutados dos jóvenes en la cadena McDonald’s cuando trabajaban en condiciones inadecuadas trapeando los pisos del recinto de comida rápida; y ante ese suceso, la Sunafil recién le aplicó seis infracciones graves a la franquicia, Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A.
Así funciona la informalidad dentro del sector formal y la precarización laboral se ha convertido en el pan de cada día de ese 75% de la PEA que vive en constante incertidumbre. Ahora bien, la denominada pandemia que en Perú se vio traducida en confinamientos absolutos, también coadyuvó a que la clase trabajadora se vea aún más pauperizada y más desempleada. Cómo olvidar a la exministra de Trabajo Sylvia Cáceres, cuando hablaba de la medida de la suspensión perfecta para no desproteger a los trabajadores supuestamente formales que tenían temor de quedarse sin empleo; cuando en miles de casos, los mandaban a sus casas para ya no retornar a sus labores nunca más.
Es importante recordar que aquella irremediable informalidad laboral, incluso en los sectores más formales y que no deja de flagelar a la clase trabajadora porque se ha convertido en un atentado contra ellos, subsiste gracias a desafortunadas medidas legislativas que tuvieron su origen en las postrimerías del primer gobierno de Alan García que creó el funesto régimen CAS. Sin embargo, el gran golpe sistemático contra los trabajadores en el Perú lo dio el gobierno del hoy sentenciado Alberto Fujimori desde que asumió su mandato, en compañía de su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, que luego de su mensaje del 8 de agosto de 1990, en el que proclamó su bien guardado fuji-schock; apenas a los pocos meses transcurridos empezó su cacería contra la clase trabajadora a través del Decreto Supremo Nº 004-91 PCM, que señalaba una pronta racionalización y reestructuración del Estado, y que a su vez ordenaba un masivo despido de trabajadores estables.
Así nacieron las SERVICES, que son una especie de intermediación laboral mediante tercerización en las contrataciones y que, a través de sus Contratos de Servicios no Personales, y los Contratos de Locación de Servicios, se constituyeron en una gran conspiración que vulneró los derechos fundamentales de los trabajadores en todo el territorio nacional. Entonces, surgió el despido arbitrario, y desaparecieron los sindicatos, las negociaciones colectivas, los reclamos; y se dio inicio a los infelices contratos temporales. Asimismo, durante el fujimorato se despidieron más de 300 mil trabajadores entre el sector fiscal y privado.
Luego de tremendo despropósito orquestado hace casi 30 años y que además ha favorecido crematísticamente a la clase empresarial y/o empleadora; hasta el día de hoy ningún mandatario ha intentado revertir ese statu quo, pese a que prometieron lo contrario.
El prófugo Alejandro Toledo, en su campaña en 2001 dijo: “Eliminaré las malditas services”; Alan García en su mitin del 29 de marzo de 2006 en Chimbote afirmó: “Vamos a eliminar las services y garantizar el respeto a la jornada laboral de las 8 horas”. Asimismo, Ollanta Humala en su campaña electoral exclamó: “Eliminaremos la explotación de las services, los CAS y los servicios no personales”. Al menos Pedro Pablo Kuczynski en su campaña presidencial, no tuvo reparos y no ocultó su desprecio hacia la clase trabajadora y fiel a su estilo pro-Confiep admitió no estar en contra de las services; incluso, sugirió eliminar las CTS.
Por su parte, Martín Vizcarra tampoco hizo nada por revertir esa situación, a pesar de la emergencia sanitaria y a Manuel Merino, ni mencionarlo porque solo fue un esbozo de mandatario apenas por unos días. Ahora bien, con respecto a Francisco Sagasti, pese a que es un presidente por encargatura, se ha atrevido a realizar algunos impertinentes cambios; sin embargo, y a pesar del reciente paro agrario, él podría tomar al toro por las astas e interponer una ley que elimine de una vez las services, pero no lo hace y ni siquiera menciona el tema. Y apenas pudimos escuchar durante el pedido del voto de confianza a su jefa de gabinete Violeta Bermúdez, prometer que solo incrementarían el número de fiscalizaciones de parte de los inspectores de Sunafil a las empresas agroindustriales pertenecientes a las zonas agrarias de Ica. Es decir, lo mismo de siempre: “paliativos”.
Finalmente, esa es la radiografía de los jefes de Estado, desde que se inició el dizque retorno de la democracia peruana y con respecto a reformas laborales, sus conductas y decisiones con el paso del tiempo los ha pintado de cuerpo entero, porque hasta nuestros días no ejercieron una política que realmente reivindique al trabajador peruano y por lo visto, tampoco pretenderán hacerlo.
