ALAN GARCÍA, EL HUÉSPED INCÓMODO DE LA EMBAJADA DE URUGUAY

El modus operandi de Alan García sigue siendo el mismo; en mayo del año 1992 pidió asilo diplomático por persecución política a la embajada de Colombia, y esta se lo concedió; entonces el gobierno de Alberto Fujimori le otorgó el respectivo salvoconducto para salir del país, y luego de un tiempo de permanencia en Colombia, se trasladó a Francia para evadir a la justicia peruana, y así buscar la prescripción de sus delitos.

Aquel conspirador del orden nacional le mintió al país desde hace décadas: “Quien no la debe no la teme” decía orondo, cuando ya era de conocimiento público las coimas del tren eléctrico, y la participación de Sergio Siragusa, Alfredo Zanati, y el deposito del dinero en el BCCI, mientras se valió de la figura diplomática del asilo, para volver luego de la mencionada prescripción.

Aquella conducta de AG obedece a su cultura del embuste, de aquel otrora encantador de serpientes que hoy llegó al ocaso moral, porque nadie le cree, ni siquiera sus propios correligionarios que hoy salen a las tribunas de opinión para justificar sus actos de traición, porque lo hacen por simple consigna y subordinación, únicamente para obedecer a los intereses de su caudillo, cuyo nuevo guion es: El partido ha decidido y le ha pedido que solicite asilo para proteger su integridad y su debido proceso. Insólito argumento, cuando todos saben que AG es el dueño de aquella chacra partidaria y que siempre impuso sus mandatos, y envió al paredón a sus inmolados: Agustín Mantilla, Rómulo León, Facundo Chinguel, y hoy su vice ministro Jorge Cuba y compañía.

Vergüenza ajena da escuchar a Mauricio Mulder, Luis Gonzales Posada, Nidia Vílchez, y Omar Quesada, que opinan como vasallos y se burlan del país por ser cómplices de tal despropósito; incluso el propio Javier Valle Riestra que conoce claramente la ley y el análisis sociológico de lo que aquello representa, de forma timorata justifica aquel acto cobarde, y reafirma el hecho de la persecución política contra AG.

Lo grave del proceder de AG es la alevosía de su sigilosa estrategia, porque, que a través de su abogado Erasmo Reyna y mediante documento firmado, mientras se allanaba a la medida del impedimento de salida por 18 meses que se le dictó el último sábado, él ya estaba planeando el pedido del asilo en las siguientes 18 horas.

No existe persecución política de ninguna manera; no obstante, el contexto político del año 1992 le fue propicio a AG para solicitar asilo a la embajada de Colombia porque Alberto Fujimori cometió un autogolpe que rompió con todo un esquema democrático tradicional.

Actualmente, pese al galopante sistema institucional que se encuentra contaminado por la corrupción, seguimos en un Estado de derecho que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, y aquí no existe ninguna dictadura, y la situación de AG inevitablemente ha derivado al plano legal, no por casualidades, ni mucho menos causalidades. Simplemente se le abrió una investigación, no por el informe revelador de IDL-Reporteros (sin desmerecer aquel periodismo de investigación de Gustavo Gorriti), sino, por los correos claves que Odebrecht le envió a la Fiscalía por el cobro de más de un millón de dólares por concepto de 23 conferencias pagadas a su persona entre los años 2011-2013.

Sucede que como a AG desde hace décadas se le ha dado la condición de personaje intocable-inmune-impune, y a pesar del terrible blindaje de la comisión Lava Jato en el Congreso que le excluyó de ser investigado fiscalmente; el fiscal José domingo Pérez ha sido enfático cuando afirmó en la audiencia: “Ahora sí se va a investigar como corresponde a Alan García por recibir dinero de Odebrecht.”

Aquella enaltecedora labor fiscal que solo obedece a una vocación profesional, y no a consignas partidarias a través del tarjetazo, como se vino operando desde hace décadas mediante abogados, que luego fueron fiscales y vocales supremos que fueron formados en los claustros universitarios para proteger al “compañero”; ha generado zozobra al ex presidente-caudillo.

Esta nueva generación de magistrados millennials que hace temblar a los tradicionales corruptos, no se deja amedrentar. Por tanto, el mandato de impedimento de salida por 18 meses dictado por el juez Juan Pablo Sánchez Balbuena, era el punto de partida para iniciar un proceso que indefectiblemente iba a culminar en una denuncia penal, luego de conocer la pronta colaboración eficaz del ex-vice ministro Jorge Cuba donde revelaría finalmente dónde se fueron los 14 millones restantes de la coima; sumado a la próxima declaración ampliatoria que Jorge Barata brindará mediante acuerdo con los fiscales peruanos.

Dadas aquellas desfavorables circunstancias para AG, inmediatamente vislumbró que se le venía la noche, y fiel a su estilo cobarde y traidor, miente y huye de la justicia peruana, y encarga a sus vasallos partidarios a difundir la teoría de una supuesta celada orquestada por la fiscalía para encarcelarlo.

¿Por qué asilo diplomático en Uruguay?

A causa de la controversia del año 1949 entre Perú y Colombia, por el asilo político que la embajada del país cafetalero en Perú le brindó a Víctor Raúl Haya de la Torre, donde la Cancillería peruana en el régimen de Odría le denegó el salvoconducto respectivo al dirigente aprista, es que surgió la Convención de Caracas del año 1954. Cuyo ordenamiento, en adelante empoderaría al país que se convierta en asilante.

Aquella situación se muestra muy complicada, porque en estos momentos el gobierno de Uruguay en su calidad de país asilante es el único que tiene la facultad de calificar y considerar si en el Perú hoy existe persecución política, y por tanto puede conceder el asilo a AG.

Embajada de Uruguay. Foto El Comercio.

Si se diera esa decisión, entonces el gobierno peruano a través de la Cancillería estaría obligado de acuerdo al Tratado a emitir el salvoconducto respectivo para que el expresidente abandone suelo peruano; pero si la Cancillería negara dicho documento, AG no podría salir del recinto diplomático, y se mantendría como huésped; entonces se tendría que recurrir a la Corte Internacional de la Haya para resolver la controversia, y automáticamente se dañarían las relaciones bilaterales, y probablemente Perú tendría que romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Uruguay, y cerraría las embajadas respectivas, por proteger a un prófugo de la justicia, disfrazado de perseguido político e involucrado por delitos de corrupción.

En abril pasado se realizó en Perú la Cumbre de las Américas donde acudieron los mandatarios de 34 países, entre ellos el presidente de la república oriental de Uruguay Tabaré Vásquez, y firmaron el Compromiso de Lima, y en uno de sus ejes temáticos se comprometieron al fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción. Aquello significa que el presidente de Uruguay tendrá que evaluar con absoluta racionalidad el pedido de asilo, de lo contrario estaría contraviniendo dicho acuerdo internacional de lucha anticorrupción.

Asimismo, se dio un Convenio Multilateral de Cooperación Fiscal para colaborar en los casos de corrupción realizados por la empresa Odebrecht donde firmaron 15 países; pero Uruguay no participó en aquel compromiso; ¿acaso esta sería una de las razones por las que AG haya pretendido el asilo en el vecino país del oriente? No obstante, AG tiene buenas relaciones amicales con Tabaré Vásquez, ambos coincidieron en sus mandatos y fueron homólogos entre 2006 y 2010.

Asimismo, es conocida la amistad del presidente Vásquez con el expresidente Lula da Silva, y se presume que este podría ceder ante presiones del político brasileño para luego otorgar el asilo diplomático a AG. Incluso Uruguay tiene una larga trayectoria en dar asilos a políticos ¿por qué ahora tendría que ser diferente? Además, no es coincidencia que Uruguay haya sido el territorio de triangulación mediante una off-shore para el pago de sobornos de la firma Odebrecht a presidentes de otros países de la región, según las investigaciones de Suiza y Andorra.

Por su parte el presidente Martin Vizcarra ha conversado con el presidente Tabaré Vásquez para comunicarle que el documento formal de la posición peruana será enviada mañana martes a la cancillería uruguaya, para que califique su decisión de otorgar asilo diplomático a AG.

Finalmente, no existen razones para hablar de persecución política, porque AG apenas tiene una medida restrictiva de impedimento de salida, y ni siquiera de prisión preventiva. ¿Acaso es intocable para que sea investigado? pareciera que en Perú vivimos una nueva era, porque ahora sí se está investigando a los presidentes, es por ello que hay un saldo de dos presos, uno prófugo, y dos ad portas de un proceso penal; y eso no significa persecución política; eso es simplemente administrar justicia ante las denuncias de sus sospechosos actos.

AG se ha ganado la indignación nacional, por sus embustes, por sus manipulaciones, por su bravuconería abusiva; “Demuéstrenlo pues imbéciles” dijo este fin de semana en una rueda de prensa porque ya sabía que la justicia con la investigación en ciernes iba a saldarle las cuentas pendientes.

El pasado y el presente no perdona, y en los anales de la historia peruana ya está escrito que Alan García es un traidor que siempre evadió a la justicia.